Escasos resultados en combate a la delincuencia
Aun cuando el gasto en seguridad ciudadana ha crecido, este incremento no se ha traducido hasta el momento en logros significativos.
LA DELINCUENCIA -pese a ser desde hace más de una década la principal preocupación de los chilenos de acuerdo a distintas encuestas- no ha estado entre las prioridades del gobierno, que ha privilegiado temas como su agenda en educación o la redacción de una nueva Constitución, donde existen profundas diferencias ideológicas entre las distintas fuerzas políticas del país, lo que dificulta llegar a acuerdos. En el caso del combate a la delincuencia, probablemente, también existan diferentes miradas -que van desde posiciones más garantistas hasta tolerancia cero al crimen-; sin embargo, ellas no debieran impedir un avance decidido en la atención de las denuncias de delitos graves, aspecto para el que se requiere liderazgo y gestión de las autoridades responsables.
Los datos dados a conocer por la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) 2016 encargada por la Subsecretaría de Prevención del Delito, muestra cifras estables respecto a la percepción de la delincuencia y victimización respecto a los datos del año 2015. Ello no es una buena noticia, toda vez que desde la medición de 2013 se observa una tendencia al alza en ambas variables. Este incremento en las cifras concuerda con un reciente sondeo de la Fundación Paz Ciudadana, el cual muestra que la población percibe que la delincuencia ha aumentado y lo seguirá haciendo en el futuro. Por su parte, mientras la mayoría de los países de la OCDE vieron disminuir el número de personas involucradas en crímenes entre 2008 y 2013, en Chile esta cifra se incrementó.
Aun cuando el gasto en seguridad ciudadana ha crecido de manera significativa -un 82% per cápita entre 2006 y 2014 de acuerdo a cifras de Paz Ciudadana- este aumento presupuestario no se ha traducido en grandes logros en la lucha contra la delincuencia. Una muestra de esta ineficacia lo muestran las mismas cifras de la Enusc que indican que solo tres de cada diez víctimas de un delito violento fueron contactadas por la Fiscalía luego de denunciar el hecho. Las policías lo hicieron marginalmente mejor, pues según la medición, para el 42% de los casos se llevaron a cabo diligencias tras una denuncia. Estas cifras son elocuentes y muestran un amplio espacio de mejora en la gestión de los órganos persecutores. Ello tendría un efecto disuasivo, en sacar de las calles a delincuentes y ayudarían a devolver, en parte, la tranquilidad a las víctimas.
El hecho que solo una alta proporción de los delitos graves queden impunes significa un incentivo a criminales quienes notan que el costo de delinquir no es especialmente alto. Al mismo tiempo, genera frustración dentro de la población que, asumiendo que no habrá mayores resultados, no denuncian, fenómeno especialmente fuerte entre los sectores de menores ingresos. De este modo, se genera un círculo vicioso de baja persecución y baja tasa de denuncias donde pierde la ciudadanía y ganan los delincuentes.
Sería esperable que tanto la Fiscalía como el Ministerio del Interior y Seguridad Pública prioricen la resolución de denuncias, de modo de aportar a incrementar la sensación de seguridad de la ciudadanía y terminar con la impunidad con la que actúan los delincuentes.