Incertidumbre por reforma al Código de Aguas Las certezas que intenta transmitir el Ejecutivo no logran despejar el temor de que los derechos de agua ya entregados puedan ser caducados.
RECIENTEMENTE el gobierno ingresó varias indicaciones al proyecto de reforma al Código de Aguas, cambios que surgen luego de que diversas asociaciones gremiales, en particular la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), criticaran duramente el proyecto porque –a su juicio- la iniciativa legal debilita el derecho de propiedad asociado a los derechos de agua, lo que pone en tela de juicio su constitucionalidad.
El principal cuestionamiento que levantaba el proyecto original estaba asociado a la incertidumbre que se generaba en torno a los derechos de agua ya entregados previo a la modificación legal, puesto que la limitación de 30 años podía aplicarse a cualquier título de propiedad. Es por esta razón que el director general de Aguas aclaró que las indicaciones buscan “despejar cualquier duda interpretativa del régimen (vigencia y duración) aplicable a los derechos constituidos con anterioridad a la vigencia de la reforma: seguirán siendo indefinidos en el tiempo. No tendrán una duración temporal de 30 años y no se les aplicará el artículo 6°”. Además, los derechos -ya constituidos y nuevos- quedarán sujetos a las reglas de extinción por no uso, a las normas de caducidad por no inscripción y a todas las demás disposiciones del Código. Además, el set de indicaciones repone el término “derechos de agua” en reemplazo del concepto de “concesiones” que usaba el proyecto original.
Estos cambios introducidos por el gobierno desataron la molestia de diputados de la Nueva Mayoría, quienes no tardaron en calificar como un retroceso la medida. En cambio, el ex titular de la SNA, Patricio Crespo, catalogó las indicaciones de “maquillaje” al texto original. Cabe señalar que estas modificaciones al Código de Aguas se enmarcan en un proceso liderado por el ministro de Hacienda, que busca eliminar ruidos en la economía y entregar certezas jurídicas a los inversionistas, debido a que las reformas en curso contienen elementos que desalientan la inversión o desvalorizan los activos de muchas empresas. Sin duda, es encomiable que exista preocupación por las externalidades negativas que conllevan las diversas iniciativas legales que actualmente se discuten en el Congreso, muchas de las cuales solo responden a consignas ideológicas y que cada cambio normativo pueda evaluarse a la luz de sus efectos en la productividad del país.
En este sentido, si bien las indicaciones del Ejecutivo buscan atenuar las implicancias expropiatorias que contenía el proyecto original, lo cierto es que no son suficientes para despejar los temores que despiertan en el sector privado y que mantienen en estado de alerta al mundo agrícola. Según la SNA, el proyecto modificado aún mantiene vicios de constitucionalidad por lo que perfectamente su destino lo podría definir el Tribunal Constitucional. Las certezas que intenta transmitir el gobierno no alejan el temor de que por la vía de las reglas de extinción que contempla la reforma los derechos ya constituidos se vuelvan febles, debilitando así la certeza en el derecho de propiedad, piedra angular de lo que ha sido nuestro desarrollo.
Más allá de las diferencias que pueden generar proyectos de esta envergadura entre el mundo privado y los sectores más ideologizados de la Nueva Mayoría, se hace necesario reevaluar los objetivos que tienen iniciativas legales que inician su trámite legislativo intentando apaciguar demandas ideológicas y que a poco andar su discusión devela severos impactos en las decisiones económicas.