Asimetría brutal
AHORA AL Fiscal Nacional le pareció “particularmente grave” la denuncia del ex director de Impuestos Internos –Michel Jorratt-, sobre eventuales presiones ejercidas desde el Ministerio del Interior, para ocultar antecedentes del financiamiento irregular de campañas políticas efectuado por Soquimich. Algo que ya había sido denunciado hace dos años por la misma autoridad y que, por alguna razón misteriosa, no ha derivado en una investigación que exhiba avances sustantivos.
En los hechos, lo que hoy se busca presentar como una discusión casi “técnica” sobre el monopolio de la iniciativa penal en materia tributaria, pareciera en realidad encubrir un burdo juego de elusión de responsabilidades compartidas. ¿El motivo? La evidente intención de dejar un conjunto de irregularidades ocurridas en el financiamiento de actividades políticas y campañas electorales no solo impunes, sino también en la mayor oscuridad posible.
La actual controversia entre la Fiscalía y el SII ha conseguido deslizar hacia un conveniente segundo plano los aspectos medulares y “particularmente graves” de lo que desde hace ya dos años es conocido por la opinión pública: la presión indebida y el burdo intento de obstrucción a la justicia por parte de un ministro del Interior del actual gobierno, para conseguir que el director del SII de la época hiciera desaparecer la evidencia material del financiamiento de actividades y campañas políticas; entre otras, la de la actual presidenta de República. Antecedentes sobre los que en Chile ni Impuestos Internos ni el Ministerio Público han querido indagar en profundidad, pero que en EE.UU. ya dieron lugar a una primera multa de US$ 15,5 millones, aplicada a SQM por el Departamento de Justicia debido a la violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero; y a una segunda, impuesta por la comisión reguladora del mercado de valores (SEC), entidades ambas que acreditaron “pagos indebidos” a personas políticamente expuestas por un monto total de US$ 14,75 millones.
Pero en Chile ni el financiamiento ilegal en que incurrió dicha empresa, ni ninguna otra, ha derivado en sanciones a la altura de las circunstancias. Salvo en el caso Penta, cuyos dueños fueron formalizados en “cadena nacional” de televisión, siendo también detenidos y debidamente sancionados. A su vez, los políticos de la UDI que recibieron recursos de dicho grupo económico también han sido formalizados y sometidos al rigor de la ley, en un contraste y asimetría evidente con todos los casos que han comprometido a personeros del oficialismo. En rigor, dadas las resoluciones tomadas hasta aquí la conclusión a la que se debería llegar es inequívoca: solo Penta entregó dineros de manera irregular, solo la UDI fue beneficiada por dicha práctica.
Porque la otra conclusión posible es que el principio de igualdad ante la ley en este tipo de delito simplemente no existe, lo que implicaría reconocer un daño al Estado de Derecho de muy delicadas consecuencias. En medio de la singular controversia que esta semana han tenido el Fiscal Nacional, el SII y el Contralor, resulta casi divertido pensar que el ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo se encuentra disfrutando de una estadía en EE.UU., aprovechando de estudiar inglés.
La actual controversia entre la Fiscalía y el SII ha deslizado a un conveniente segundo plano el burdo intento de obstrucción a la justicia de un ministro del Interior del actual gobierno.