El orden público económico
CONSTITUIRÍA UNA hipocresía ignorar que existen inquietudes y aprehensiones respecto del tema del orden público económico y los contenidos que sobre él posea una nueva Constitución.
Hay quienes ven en el proceso constituyente y su desenlace una amenaza al tipo de economía que ha caracterizado al país durante algo más de un cuarto de siglo, amenazas cuya concreción en el extremo implicarían una regresión hacia modelos de economía hoy simplemente anacrónicos.
Obviamente, carece de sentido predecir los contenidos específicos respecto del orden económico que asumirá una nueva Constitución. Todo proceso de deliberación democrática supone un grado de indeterminación, cuya ausencia implicaría la negación de ese carácter democrático del proceso. No obstante, hay antecedentes suficientes que permiten desechar la existencia de esas amenazas.
La economía chilena contemporánea se organiza en términos de dos pilares institucionales fundamentales: el mercado y el Estado.
Si se estudian las diversas visiones que sobre el orden económico existen hoy en Chile, los estudios se toparán solo en casos muy excepcionales con visiones que contradigan ese tipo de economía que articula mercado y Estado.
Puesto de otra manera, visiones o concepciones que postulan sea una economía de comando central donde solo hay Estado, o una economía libertaria donde solo existe mercado, son concepciones que en el mejor de los casos habitan en los márgenes ideológicos de la sociedad.
El desafío en realidad no es debilitar uno en favor del otro, sino, si se me permite plagiar una formulación que creo que expresa mejor que ninguna lo que es deseable, aspirar y trabajar por más y mejor mercado, y por más y mejor Estado.
Contrariamente, creo que esta deliberación democrática sobre las bases del orden público económico, vaya a descarriarse y se traduzca en la aniquilación de una combinación virtuosa de mercado y Estado.
Contrariamente, creo que esa deliberación democrática puede abrir importantes oportunidades para explorar e identificar fórmulas institucionales que posibiliten respuestas eficaces a diversos problemas que hoy nos plantea la operación de nuestra economía.
Pienso en temas y los consiguientes desafíos que plantean;
1. La protección y estimulación de la libre competencia, y las bases institucionales requeridas para su regulación.
2. La protección de los derechos de las personas en cuanto consumidores, usuarios de servicios financieros, de prestaciones de salud, de servicios educacionales, y en general en cuanto a la regulación de las relaciones entre personas y empresas.
3. La identificación de bases institucionales claras y eficientes que sustenten la regulación de procesos productivos y sostenibilidad medio ambiental.
4. Una definición moderna del principio de subsidiariedad que permita una acción estatal en áreas como políticas industriales, investigación y desarrollo, incentivo del emprendimiento.
La lista puede constituir una buena expresión sobre cómo superar la idea de un debate que básicamente es un riesgo para la economía por una visión que busca definirlo como uno que abre oportunidades para arribar a una arquitectura cuyos pilares son el mercado y el Estado.
Ya existe hoy un orden público económico, y ciertas instituciones básicas de origen constitucional, como la existencia de un Banco Central autónomo, que constituyen piezas claves de ese orden y su operación.
El desafío reside entonces en identificar principios y normas de rango constitucional que posibiliten una mucho mejor articulación de mercado y Estado. Ahora ese debate debe ser sobre la base de propuestas en que prime la sensatez, la coherencia y por el contrario evitar prometer cosas que no cuadran presupuestariamente.