Cuenta pública y balance de la Nueva Mayoría
Ha quedado en evidencia la profunda desconexión entre la agenda refundacional del gobierno y el sentir de la propia ciudadanía.
LA PRESIDENTA de la República rindió el jueves ante el Congreso Pleno una extensa cuenta pública, la que apuntó principalmente a reivindicar el legado de estos casi cuatro años de gobierno de la Nueva Mayoría, lo que simbolizó al comienzo de su alocución, cuando recalcó que se habían iniciado las “transformaciones que comprometimos” y que ahora se dirigía “a un Chile distinto y mejor al que pude ver hace tres o cuatro años”.
La mandataria volvió a recordar el diagnóstico social que la inspiró para asumir este nuevo mandato, conforme al cual “parecía que todo estaba bien, pero los chilenos y chilenas sabían que la situación no daba para más”. Tal diagnóstico se hizo eco de un supuesto clima de rechazo ciudadano hacia el modelo social y económico construido hasta ese entonces -caricaturizado como “neoliberalismo”-, y la necesidad de reemplazarlo por otro donde el Estado tomara un rol protagónico, garantizando una serie de derechos sociales y eliminando cualquier tipo de “lucro” en la provisión de bienes públicos.
El entusiasta cuadro descrito por la Presidenta contrasta, sin embargo, con los débiles resultados de la gestión política y económica que se exhibe al final de estos cuatro años, al punto que la mayoría de los chilenos rechaza las principales reformas estructurales -muy distinto de lo que ocurría al comienzo de este gobierno, cuando más del 50% las aprobaba-, y la Nueva Mayoría llega profundamente dividida a estas elecciones. La última encuesta CEP -que fue dada a conocer ayer- sigue mostrando una fuerte desaprobación de la gestión presidencial, el rechazo a la Nueva Mayoría se ubica en un elevado 45% y ninguna de las figuras del oficialismo en la carrera electoral lidera las preferencias ni se muestra especialmente conforme con este legado.
Las reformas estructurales que puso en marcha la Nueva Mayoría terminaron desarticulando las bases de lo que fue un exitoso modelo de desarrollo económico -basado en una fructífera política de consensos-, para buscar reemplazarlo por otro que, a la luz de los resultados exhibidos en este período, han terminado por generar el efecto opuesto. Pero probablemente el hecho político más significativo es que este programa ha terminado completamente desconectado de la ciudadanía, lo que confirma el errado diagnóstico social y político sobre el cual se edificó el programa de la Nueva Mayoría.
La batería de reformas que anunció la mandataria para lo que resta de su mandato -proyecto de nueva Constitución, una improvisada reforma previsional y nueva ley de pesca- no hacen más que confirmar esta desconexión, la que resulta aún más preocupante cuando temas tan álgidos como el escándalo en Carabineros -es un signo de alerta que la última CEP mostrara un desplome en la confianza hacia esta institución- o los problemas de terrorismo en La Araucanía, fueron omitidos.
La falta de autocrítica en esta cuenta pública deja en evidencia que no se ha aquilatado el daño que representa insistir en políticas públicas que se desentienden de sus resultados, más allá de que puedan estar bien inspiradas. Quizás donde más claramente ello se ve reflejado es en la gratuidad en la educación superior, una reforma que a pesar de que ha despertado críticas transversales debido a su enorme costo fiscal, y ha generado profundas divisiones en la sociedad, se pretenda elevar a un sitial histórico. Inevitablemente las candidaturas del oficialismo tendrán que pronunciarse si optan por el continuismo o por un profundo cambio de rumbo.