El costo de la conservación del patrimonio La mantención de inmuebles históricos debe ser financiada por toda la sociedad, y no hacer recaer su costo sobre un grupo reducido de particulares.
LA POLÉMICA en torno a la declaratoria de la Casa de Italia, en Viña del Mar, como monumento histórico ha vuelto a poner en discusión la conservación de bienes inmuebles en el país. Si bien no existen mayores discrepancias respecto de la necesidad de resguardar el patrimonio como mecanismo para generar identidad nacional y preservar nuestra historia y cultura, quedan dudas acerca de los instrumentos utilizados. Dado el escasísimo apoyo del Estado, la mayor parte de los costos de mantener este tipo de áreas recaen sobre los propietarios y no sobre el conjunto de la sociedad que se beneficia de ellos.
Las autoridades y los grupos de interés son ágiles a la hora de defender lo que consideran digno de ser resguardado. Sin embargo, esa prontitud no es igual cuando se trata de financiar los costos que significa mantener inmuebles históricos. Tampoco en compensar la caída en el valor comercial que, luego de ser calificados como monumento nacional, ven entorpecida la posibilidad de destinarlos a usos más rentables. Cabe recordar que cuando un sitio recibe alguna categoría de conservación, su uso queda restringido, modificaciones menores e incluso trabajos de restauración deben ser autorizadas por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), en un trámite que puede demorar meses. Así, la sociedad impone, de manera poco solidaria, un costo sobre un grupo reducido de particulares que no están en condiciones o simplemente no están dispuestos a solventar dichos gastos ni compensar a quienes ven limitado el uso de su propiedad, lo que se traduce en una pérdida económica –de carácter expropiatorioque muchas veces ni siquiera cuenta con el consentimiento de los dueños.
En este contexto, también se hace necesaria una discusión en profundidad sobre cómo preservar barrios o conjuntos de edificaciones en lugar de construcciones puntuales, de modo de crear circuitos culturales que contextualicen los bienes que se quieren preservar o bien generen polos de atractivo turístico. En el caso de la calle en donde se emplaza la Casa de Italia, en las cuadras aledañas conviven edificios de los más diversos estilos, antigüedad y usos. Por ende, el valor arquitectónico del inmueble –no así su valor inmaterial- queda diluido. Asimismo, se debe incentivar la renovación de las construcciones patrimoniales de modo que éstas se vayan adecuando a las nuevas dinámicas de la ciudad. Buenos ejemplos de lo anterior son la renovación de la ex sede del diario El Mercurio de Santiago, que conservando su fachada, hoy alberga un centro comercial y un edificio de oficinas, o el Palacio Pereira, que luego de años de abandono, será la sede del mismo CMN.
Tal como otros bienes culturales, el patrimonio tiene características de bien público que hacen complejo su adecuada provisión por parte del sector privado; por ende, el Estado tiene un rol activo que cumplir en este ámbito -por ejemplo, mediante incentivos tributarios y subsidios directos, entre otrospara la mantención y renovación de edificios de valor arquitectónico o cultural, independiente de quién sea su dueño y el uso que tenga. De lo contrario, su mantención depende, casi exclusivamente, de la buena voluntad de los propietarios y mal puede exigírseles a ellos que se hagan cargo del patrimonio cultural del país.