La justicia en el Caso Guzmán
LA DETENCIÓN en México de Raúl Escobar -conocido como el “comandante Emilio”, y quien es sindicado por la justicia chilena como uno de los autores materiales del asesinato del senador Jaime Guzmán, llevado a cabo por un comando del FPMR- ha abierto la posibilidad de empezar a hacer justicia en un caso que, a 26 años de ocurrido el crimen, la mayoría de sus responsables han logrado zafar de la acción de los tribunales, ya sea fugándose de la cárcel o huyendo del país.
Es valorable que la Cancillería haya suscrito un acuerdo con su par de México para buscar acelerar la extradición de Escobar, quien fue detenido bajo el grave cargo de secuestro. Aun cuando el resultado de esta gestión es incierto, es una buena señal que el Estado de Chile aparezca comprometido con la resolución del caso Guzmán, actitud que debe extenderse hacia otros que requiere la justicia chilena, y que por diversas vías han logrado evadirla. Es el caso de la ciudadana extranjera Marie Emmanuelle Verhoeven -la “comandante Ana”, actualmente detenida en la India, a la espera de que se resuelva su extradición-, y Galvarino Apablaza, radicado en Argentina gracias a la condición de “refugiado” que se le otorgó bajo la era Kirchner.
La resolución aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Diputados, en orden a solicitar al gobierno de la Presidenta Bachelet intensificar los esfuerzos diplomáticos para extraditar a Escobar, es un gesto político valioso. Resulta lamentable, sin embargo, que no todos los sectores políticos aquilaten la gravedad de este crimen. Los diputados del Partido Comunista (PC) se dividieron frente al acuerdo de la Cámara, algo que también ocurrió con los parlamentarios del Frente Amplio. De especial insensibilidad resultaron los dichos del diputado y presidente del PC, Guillermo Teillier, quien planteó que este asesinato se inscribe dentro de los “daños colaterales” derivados del golpe de Estado.
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