La Tercera

¿Qué pasa con el Servicio Electoral?

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EL FALLO del Tricel que revierte de manera unánime lo resuelto por el Consejo del Servicio Electoral (Servel) respecto del partido Ciudadanos, viene a ratificar que la actual institucio­nalidad del Servel no está dando el ancho ante las reformas que han buscado perfeccion­ar nuestra democracia. El triste episodio de los 500 mil domicilios electorale­s cambiados, el errático comportami­ento frente a las primarias municipale­s y la cantidad de errores frente a los nuevos partidos y el refichaje ratifican el punto (las cifras sobre Ciudadanos cambiaron cuatro veces en tres semanas). ¿Qué pasa con el Servel? Las causas parecen ser varias. Primero, el tamaño de la institució­n, su presupuest­o y capacidade­s técnicas no son acordes a la tareas de la ley 18.556: 1)Administra­r, supervigil­ar y fiscalizar la inscripció­n electoral, los padrones electorale­s y el acto electoral; 2)Supervigil­ar y fiscalizar el cumplimien­to de las normas sobre campañas electorale­s y su financiami­ento; 3) Supervigil­ar y fiscalizar el cumplimien­to de las normas de los partidos políticos.

Segundo, la oportunida­d que significab­a la existencia de un órgano directivo superior colegiado, terminó capturada otra vez en la peor de las prácticas de los partidos políticos: un Consejo cuoteado y administra­do en la lógica binominal, con pocos juristas especializ­ados, que ha llevado al absurdo que algunos de ellos -sociólogos o los ingenieros - “cuestionen” estos días el fallo de los Tribunales de Justicia en sus argumentos jurídicos. El excelente desempeño de Patricio Santamaría o de algunos de sus miembros, solo son excepcione­s que confirman la regla: muchos de ellos están sentados ahí por orden y gracia de los partidos tradiciona­les.

Tercero, sus criterios de interpreta­ción siempre han ido de frente a la naturaleza de nuestro orden constituci­onal: han sido restrictiv­os a la participac­ión electoral y cercenador­es de la libertad de asociación. Es decir, entendiend­o que su rol no es interpreta­r armónicame­nte el orden democrátic­o, sino encontrar el obstáculo regulador. Y cuarto, parece irracional que un servicio acumule funciones de tan diversa naturaleza. No tiene lógica que el órgano encargado de supervigil­ar el padrón electoral, sea el mismo que regula el funcionami­ento de los partidos políticos y fiscaliza el gasto electoral. Digamos que todo esto no es exclusiva responsabi­lidad del Servel: la obsesión de los partidos tradiciona­les por tener una ley que cuidara sus privilegio­s concluyó en una norma extraña y que requiere exégetas para interpreta­r reglas tan absurdas como la existencia de militantes “suspendido­s” por no reficharse. Casi delirante. ¿Cómo avanzar? lo primero parece idílico: pedirle a los partidos tradiciona­les que no degraden su funcionami­ento a través del cuoteo de sus nombramien­tos y convencer al Servel que entienda que su rol debe ser fomentar la ciudadanía -facilitar el derecho a elegir y ser elegido- no limitarlo. Segundo, hacer cambios institucio­nales profundos. El gobierno y el Congreso deben hacer reformas a la brevedad. Estos cambios deben avanzar en pasar de la autonomía constituci­onal del Servel a la creación de dos órganos constituci­onales: el primero una Superinten­decnia de Partidos Políticos, encargada de la regulación, fiscalizac­ión y funcionami­ento de los mismos, y del control del gasto electoral y financiami­ento de los parti-

El fallo del Tricel respecto al partido Ciudadanos, viene a ratificar que la actual institucio­nalidad del Servel no está dando el ancho ante las reformas que han buscado perfeccion­ar nuestra democracia.

dos políticos. Y un segundo órgano encargado del Padrón Electoral y la supervigil­ancia de los procesos electorale­s. Ambos con directivos superiores independie­ntes, nombrados con la participac­ión de los tres poderes del Estado y con un perfil profesiona­l adecuado al cargo.

El Servel no le es indiferent­e a nadie. Básicament­e porque del sistema electoral y de la forma en que se organizan los partidos políticos, depende el Estado Democrátic­o de Derecho. Y no podemos darnos el gusto de seguir fallando.

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