Lo que deja el gobierno de la Nueva Mayoría
El tardío reconocimiento del ministro de Hacienda hacia las AFP puede ser un primer paso para empezar a revertir el daño que ha provocado el clima antiempresarial que se ha instalado durante esta administración.
SOLO EN Londres, a casi nueve meses del fin del gobierno, el ministro de Hacienda reconoce que las AFP han hecho razonablemente bien su trabajo, y que la propuesta oficial -su propuesta- para crear una entidad previsional estatal es una mala idea. Tras la constante prédica estatista que ha impulsado proyectos en educación, en salud, en materia de aprovechamiento de aguas, o en concesiones para infraestructura, la débil aclaración del ministro ya no “hace mella” en un amplio segmento de la ciudadanía, que hoy ve toda participación privada en la generación de bienes o servicios con connotación social como éticamente reprobable, negativa e injustificada.
Diariamente se aprecia en programas periodísticos, declaraciones de dirigentes estudiantiles, de funcionarios oficialistas, o de parlamentarios de la Nueva Mayoría, el grado en que este gobierno ha confundido el entendimiento ciudadano sobre el rol de la empresa privada y el funcionamiento de los mercados. El concepto que empresas con fines de lucro, en competencia, pueden generar bienes de mejor calidad y a menor costo para el Estado que lo posible de lograr en un servicio público, está hoy lejos del entendimiento de amplios sectores ciudadanos. La propuesta previsional del gobierno, que excluye de manera deliberada a las AFP -a pesar de los méritos que el ministro ahora les reconoce-, profundiza esta noción antiempresarial y contribuye a reforzar la antojadiza creencia de que las bajas pensiones en determinados segmentos son producto de la existencia de administradores privados.
El gobierno y su coalición fomentaron la desconfianza hacia la empresa privada, proveyendo y tolerando argumentos falaces para justificar iniciativas que traspasan al Estado funciones que deberían permanecer en el ámbito privado. Si, ante los casos de colusión de empresas u otras formas de abuso hacia los consumidores, correspondía fortalecer la institucionalidad que vela por la seriedad empresarial y la competitividad en los mercados, y redoblar los esfuerzos por potenciar el rol de la empresa privada y de los mercados para no privar a Chile de su probado dinamismo, la Nueva Mayoría eligió utilizar dichos episodios como argumento para constreñir el espacio de acción privada y avanzar hacia el estatismo.
A estas alturas del gobierno, su legado es un espacio muy limitado para diagnósticos correctos y políticas adecuadas, ciertamente en áreas como educación o salud, donde los daños se percibirán en el tiempo, pero incluso en casos tan críticos y urgentes como el Sename, donde la capacidad para definir una refundación significativa ha estado ausente.
Numerosos técnicos han subordinado postulados y orientaciones profesionales al dictamen puramente ideológico de los “votantes”, con costos severos para Chile. Si bien el daño provocado durante este gobierno parece profundo, y difícil de revertir, el sinceramiento de estos profesionales -del gobierno o en torno a la coalición oficialista- con el del ministro de Hacienda, pueden aún hacer una contribución al país, cuando la demonización del lucro y la promoción de un Estado omnipresente vuelven a caracterizar las candidaturas que buscan proyectar la visión de este gobierno.