Sí, aún se puede
LA PRIMARIA ha revelado una derecha más fuerte de lo que preví, un Frente Amplio menos amplio y una Nueva Mayoría debilitada. Hoy la derecha política muestra mejor organización, más recursos y equipos activos. ¿Podrá la centroizquierda superar sus falencias?
Se puede, si se refuerza pronto la organización de la campaña con comandos operativos, ampliándose a regiones e independientes. Luego, los miembros de partido, dirigentes sociales, consejeros regionales, concejales, alcaldes, diputados y senadores, deben recorrer el país apelando a los ideales progresistas y mostrando propuestas concretas. Salud pública y educación gratuita de calidad; un Estado que proteja de los abusos; pensiones mejoradas; derechos y trato digno a los pueblos indígenas, e innova- ción al alcance de las pequeñas y medianas empresas, son ejes comunes de un proyecto macizo. Las ideas están, basta revisar la contundencia de las propuestas de los equipos de la centroizquierda.
Para avanzar es preciso remarcar tres conceptos fundamentales.
Primero, que se impulsará un proyecto nuevo, sustentado y orientado hacia las clases medias, que reconoce los grandes logros de los gobiernos progresistas y construye sobre ellos. Que el éxito ha sido y será fruto de reformas graduales. Que este es el camino que garantiza oportunidades y protección para todos, que combate abusos y da un trato digno; que cree en el desarrollo tecnológico y protege el medio ambiente.
Segundo, que no habrá profundización democrática sin la participación de independientes. Y para los independientes es muy difícil participar. El se- nador Alejandro Guillier es un ejemplo. Eligió el camino arduo de conseguir firmas, inscribir cada una ante notario y hacerlo sin recursos financieros. Ha sido un enorme esfuerzo, recompensado por el afecto y respaldo de la gente.
Tercero, que Carolina Goic y Alejandro Guillier tienen cualidades indiscutibles de honestidad y capacidad. En el caso de Guillier, su carácter independiente es un capital, no un déficit. Es un candidato cercano, abierto, que entiende los problemas de la gente. Conoce los temas, no teme preguntar y sabe asesorarse. En su encuentro programático del Caupolican inició su alocución resaltando el crecimiento económico y la innovacion tecnológica para crear empleos de calidad. Ha puesto el énfasis en la transformación productiva y la productividad para sostener la inclusión social, reformando el Estado para dotarlo con la capacidad de conducir, articular acuerdos estratégicos y coordinar la asociación públicoprivada. A diferencia de la opción de derecha, además, Guillier recoge directamente las penurias, inseguridades y anhelos de las personas modestas, en cada rincón de Chile.
Bregar por un nuevo rumbo para Chile no es un desafío fácil. Es una responsabilidad ética y política de la cual no puede sustraerse ningún progresista. Cuando está en juego el futuro del país no cabe la ambigüedad. Se debe estar presente y trabajar. Y mostrar con el compromiso personal que sí, que aún se puede.
Bregar por un nuevo rumbo para Chile es una responsabilidad ética y política de la cual no puede sustraerse ningún progresista.
HACE UNOS días, la ministra Adriana Delpiano aseguró que los sostenedores de colegios subvencionados que pasen a particular pagado en 2018, están cometiendo un abuso con las familias, debido a que la ley de inclusión no disminuye los recursos que hoy reciben estos establecimientos.
La ministra tiene razón de reaccionar frente al problema que significa para las familias de casi 60.000 estudiantes, darse cuenta de que ya no tendrán derecho a ninguno de los beneficios que aseguraba la ley de inclusión. En efecto, una parte de ellos, en vez del derecho a la prometida gratuidad, cancelarán mensualmente el doble o triple de lo que cancelaban como escolaridad y aquellos que no puedan hacerlo, pierden el derecho de continuar en el proyecto educativo que los padres habían escogido para sus hijas e hijos, con la dificultad adicional de encontrar una alternativa similar. Esto principalmente está ocurriendo en Antofagasta, Copiapó, Serena, Coquimbo, Ovalle y Puerto Montt.
Pero, se equivoca al señalar a los sostenedores como responsables del problema y calificar injustamente como un abuso su proceder. También cuando les atribuye que el cambio de sus colegios a particulares pagados lo hacen exclusivamente debido a la disminución de recursos de la subvención. Veamos los hechos indesmentibles regulados por la ley de inclusión, que han impulsado a los sostenedores a esta lamentable decisión. Primero, se disminuye progresivamente el recurso que aportaban los padres, sin que exista un retorno real peso a peso, mientras se mantengan en el financiamiento compartido cuyos montos, en más de un 60%, han sido destinados a incrementar remuneraciones y planta docente para mejorar la gestión pedagógica, asumiendo el carácter de gastos fijos. Esto genera en el corto y mediano plazo graves problemas financieros.
En segundo lugar, quedan reducidos al rol de administradores de los recursos financieros que reciben del Estado, con estrictas regulaciones y sujetos a la fiscalización de la Superintendencia de Educación, hecho que dificulta la gestión administrativa, financiera y pedagógica de los establecimientos, afectando severamente la calidad del proceso educativo.
En tercer lugar, la exigencia de ser propietarios de la infraestructura de sus establecimientos, los obligará a una compleja toma de decisiones que requerirá asesoría jurídica y financiera con los costos consiguientes. Ella no estará exenta de dificultades, especialmente en los casos que dicha propiedad pertenezca a terceros no relacionados. La posibilidad de acceder a créditos bancarios con aval de la Corfo para acceder a la propiedad, de acuerdo a la información de la banca, prácticamente es inviable para todos aquellos establecimientos educacionales que cuentan con menos de 600 estudiantes, los que son cerca del 90% del total.
Estas son algunas de las razones que explican la decisión ya prevista por tantos sostenedores, muchos de los cuales no la hicieron efectiva para el 2018, confiados en que teniendo a la vista los desastrosos efectos de la legislación aprobada, un futuro gobierno pueda realizar las correcciones que sean pertinentes. Esto, con el fin de garantizar el derecho a una educación de calidad, inclusiva e integradora, con un régimen de provisión mixto público y particular diversificado, que permita a los padres escoger libremente el proyecto educativo que desean para sus hijas e hijos.