Villa San Luis y el patrimonio nacional
Este caso hace necesario revisar la actual composición del Consejo de Monumentos y terminar con las prácticas expropiatorias del Estado.
TRAS LA polémica desatada por la declaratoria de la Casa Italia -en Viña del Marcomo monumento nacional, el caso de la Villa San Luis, en la comuna de Las Condes, que fue objeto de la misma designación, vuelve a poner sobre la mesa la conveniencia y oportunidad de este tipo de declaratorias que resultan claramente expropiatorias para sus dueños.
La Villa fue un proyecto de viviendas sociales en el sector oriente de la capital, llevado a cabo durante el gobierno de Unidad Popular. Tras el golpe de Estado, dichos departamentos fueron utilizados por personal del Ejército y finalmente, a mediados de los ‘90, esos terrenos fueron vendidos por el fisco a terceros, que han desarrollado un barrio de oficinas. Es de opinión prácticamente unánime entre los expertos que no hay mayor valor arquitectónico ni urbanístico en ese conjunto habitacional que justifiquen la declaratoria.
Sí ha existido debate sobre el valor para la memoria histórica de un conjunto habitacional que buscó integrar a personas de bajos recursos en un sector de la ciudad donde tradicionalmente han habitado familias de altos ingresos. Sin embargo, si se decide que por dicha razón es conveniente conservar los edificios que aún existen -que se encuentran en estado ruinoso-, correspondería que el fisco dispusiera de los recursos para adquirirlos y, de esta forma, conservarlos y mantenerlos en buen estado. De lo contrario, no se entiende qué se busca con esta declaratoria. Más cuando fue el propio Estado el que vendió los terrenos a privados, que ahora quiera recuperar parte de ellos sin ninguna compensación para sus actuales y legítimos dueños. Si el Estado quisiera preservar parte de la Villa San Luis debe actuar tal como se procedió, por ejemplo, cuando el Ministerio de Vivienda y Urbanismo expropió y pagó, como exige la ley, a los entonces dueños de lo que es actualmente el Parque por la Paz Villa Grimaldi.
El hecho de que tanto en Viña del Mar como en Las Condes hayan existido los permisos necesarios para iniciar la construcción de edificios, da cuenta de una institucionalidad inadecuada que no solo limita gravemente el derecho de propiedad de sus dueños, sino que además genera un indeseable nivel de incertidumbre que afecta cualquier propiedad que pueda ser sujeta de restricciones a su uso por parte del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).
Por lo anterior, urge reconsiderar la composición de dicho consejo. De un total de 21 miembros, un tercio son representantes de ministerios, incluyendo carteras tan influyentes como Interior; en tanto, los cargos de presidente y vicepresidente ejecutivo del CMN son de exclusiva confianza del Presidente de la República. Todo ello da espacio a que consideraciones políticas primen por sobre criterios técnicos, como de hecho parece haber ocurrido con la Villa San Luis. Lamentablemente, el proyecto de ley que crea un Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio – una iniciativa en sí misma discutible- no subsana estos problemas, manteniendo el CMN sin variaciones significativas en su composición y atribuciones. Asimismo, es indispensable incluir políticas compensatorias para los propietarios de inmuebles que sean declarados monumentos.
Pese a que no existen mayores discrepancias respecto de la necesidad de resguardar el patrimonio como un mecanismo para preservar nuestra historia y cultura, no corresponde que se haga mediante políticas expropiatorias que vulneran el derecho de propiedad.