El dictamen que enfrenta a la Contraloría con la Armada por caso de barcos salmoneros
► La entidad fiscalizadora pidió a Directemar cancelar la patente de una empresa cuestionada. ► Según denuncia, firma extranjera no podía operar. Repartición naval dice que resolvió conforme a la ley.
“Haremos uso de todos los medios de la ley para corregir esta situación ilegal”.
Empresa denunciante
“En consecuencia, corresponde que la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) aplique la sanción que en derecho proceda, esto es, la cancelación de la inscripción en el Registro de Matrícula de las naves infractoras”.
Esta es una de las determinaciones que aluden a la Armada (institución de quien depende Directemar) y que están contenidas en un dictamen de la Contraloría General de la República, informado también a la Subsecretaría para las FF.AA., emitido el pasado 27 de abril.
Parece un detalle particular. Sin embargo, la resolución administrativa es parte de un litigio mayor, actualmente en desarrollo, y que involucra a la institución naval y a un grupo de empresas navieras en el sur.
Los
Los barcos llamados well boats son verdaderas piscinas flotantes, en los cuales se mueven salmones vivos, desde las zonas de cultivo a las plantas faenadoras u otros puntos de la cadena.
El caso en cuestión data de 2014, cuando Naviera Orca S.A., junto a otras cinco empresas de well boats que operan en la Región de Los Lagos hacia el sur, denunciaron a Directemar que otro privado supuestamente operaba de forma irregular en este rubro, por ser una empresa de capitales noruegos.
La legislación chilena (Decreto Ley 2.222) establece que en el país el tráfico marítimo con transporte de carga -es decir, el cabotaje- está reservado sólo para las naves chilenas, propiedad de nacionales. Y su fiscalización, como todo lo relacionado con la marina mercante, corresponde a la Armada, a través de Directemar.
En el reciente dictamen de Contraloría consta que en noviembre de 2014 comenzó a instruirse una investigación sumaria, conducida por fiscales navales de las gobernaciones marítimas de Puer- to Montt, Punta Arenas, Aysén y Castro, que luego se acumularon en una sola investigación, “que se resolvió por la Directemar el 9 de agosto de 2016, ratificada el 23 de septiembre de 2016”.
Esta indagatoria finalmente consideró una multa a la firma cuestionada, pero no canceló las patentes de sus barcos, según lo propuso el fiscal marítimo y como lo pedían los denunciantes, argumentando que la empresa era de capitales chilenos. El problema, según el reclamo del gremio de la zona, fue que en enero de 2015, mientras se desarrollaba la investigación, el 51% de las acciones de esta firma fueron vendidas a su gerente, de nacionalidad chilena.
Según el dictamen de Contraloría, aunque la empresa propietaria de las naves haya cambiado de nacionalidad, eso no altera la infracción denunciada y cometida mientras la restricción se encontraba vigente.