Debate por empresas estratégicas La incertidumbre que provoca la nueva ley laboral ha vuelto sensible la determinación de aquellas empresas que califican en esta categoría.
LA REFORMA laboral que entró en vigencia este año dejó a nuestro país como una de las legislaciones más rígidas en materia de reemplazo en huelga en el concierto de países OCDE. Un estudio reciente del Banco Central comparó las economías de referencia con la nuestra, y concluyó que, luego de la reforma laboral pasada, Chile queda junto a Corea, España, México y Turquía como los únicos países de la OCDE sin reemplazo –ni externo, ni interno- en huelga, en contraste con la mayoría que permite algún tipo de reemplazo.
Los efectos de tener una de las huelgas más estrictas del mundo desarrollado recién se están sintiendo en nuestra economía. Con la nueva legislación laboral aumentan las posibilidades de que un grupo de trabajadores pueda paralizar toda la empresa, lo que puede tener efectos amplificadores sobre el encadenamiento productivo si la empresa se desempeña en algún sector clave. En vista de lo anterior se ha vuelto muy sensible la determinación de aquellas empresas que cumplen con los requisitos para ser consideradas estratégicas, que es la disposición que impide a los trabajadores de una empresa ir a la huelga.
El nuevo código laboral mantuvo la resolución triministerial (de los Ministerios del Trabajo, Economía y Defensa) para calificar qué empresas pueden ser consideradas estratégicas, pero sumó además al Poder Judicial, ya que esta designación puede ser objetada por el sindicato de una empresa ante la Corte de Apelaciones.
Esta nueva realidad ha motivado a que nuevas compañías postulen a ser calificadas como estratégicas, ya que de las actuales 80 empresas se podría pasar a 130, en caso de ser aprobadas todas las solicitudes. Por ejemplo, las generadoras de energía eléctrica, que estaban excluidas del listado, presentaron su postulación este año argumentando que ante la eventual paralización de empresas del sector se podría causar un grave daño a la economía, al abastecimiento y a la seguridad nacional.
A la luz de cómo ha evolucionado la discusión en materia laboral en nuestro país en el último tiempo, es difícil garantizar que criterios objetivos primarán a la hora de resguardar la provisión de bienes y servicios claves para la ciudadanía. Reflejo de lo anterior es la fuerte presión que ha ejercido la CUT para evitar que empresas que pertenecen a sectores de alta sensibilidad para la población, como sanitarias, de energía y combustibles, entre otras, logren ser calificadas como estratégicas.
El caso reciente de una empresa que fue impedida por la Inspección del Trabajo para utilizar la automatización de sus labores durante la huelga de uno de sus sindicatos (contraviniendo el principio establecido en la ley que solo prohíbe el reemplazo de trabajadores) revela que la autoridad administrativa está rigidizando aún más la ya estricta legislación laboral que tiene nuestro país. En vista de lo anterior, solo se puede esperar que la tendencia mundial hacia la robotización de los procesos sea una realidad anticipada en nuestra economía.
Es imprescindible, por lo tanto, que las nuevas resoluciones administrativas y judiciales eviten extremar aún más la legislación laboral chilena. En cualquier caso, es necesario mantener activa la discusión sobre la regulación óptima que debe tener el mercado laboral en Chile, porque a todas luces el actual marco regulatorio necesita de perfeccionamientos.