Gratuidad y calidad
ESTÁ CLARO que la gratuidad no garantiza calidad. La educación, particularmente la universitaria, es cara. Las universidades que han avanzado en calidad lo han hecho hasta el momento a través del cobro de aranceles que cubren sus costos reales y la gestión adecuada de los recursos. Al eliminarse el cobro de aranceles, se deja la provisión de recursos en manos del gobierno de turno, que pasa a ser el que fija precios de transferencia por alumno y cupos que puede ofrecer cada carrera.
Ya las universidades acogidas a la gratuidad limitada a estudiantes provenientes de los hogares que están en el 50% más pobre han comenzado a experimentar dificultades financieras. Ahora, con el anuncio de la gratuidad a estudiantes del 60% más pobre, la situación se complejiza. Una razón es que dichos alumnos en la actualidad gozan de una beca por el arancel regula- do y deben asumir la diferencia entre el arancel cobrado y el arancel regulado, generalmente a través de préstamos subsidiados. Desde 2018 en adelante el Estado pagará por ellos solo el arancel regulado, que en mi universidad es entre la mitad y dos tercios del arancel cobrado.
Asimismo, en una universidad altamente selectiva como la nuestra, los estudiantes tienden a concentrarse en los deciles más ricos de la población, quienes en una alta proporción tienen los puntajes de entrada más elevados. Es así como los estudiantes provenientes de los deciles de más altos ingresos están muy sobre representados. Por ejemplo, los estudiantes provenientes del 20% más rico de la población representan entre 40 y 50% del estudiantado, dependiendo de la facultad. Entonces, a medida que la gratuidad avanza, mayor es el impacto financiero adverso
¿Podemos combinar el objetivo que se busca con la gratuidad con la preocupación por la calidad? Desde luego, pero dejando de lado la ideología.
sobre los planteles.
Si llegáramos a la gratuidad universal, podría darse la paradoja que las universidades en gratuidad no tendrán los recursos que necesitan para ofrecer educación de calidad y se irán quedando con estudiantes que no puedan pagar, mientras que aquellos que sí pueden emigrarán a instituciones privadas sin fines de lucro no acogidas a la gratuidad, que sí tendrán los recursos para atraer a los mejores académicos.
Otro peligro que no se ha tenido en cuenta es el posible impacto de la gratuidad universal sobre la autonomía de las universidades acogidas. Por una parte, está la dependencia financiera del gobierno de turno, lo que podría atarlas de manos para contratar y mantener a buenos académicos. Segundo, gobernantes con agendas específicas podrán tratar de imponérselas a las universidades como condición para entregarles financiamiento.
¿Podemos combinar el objetivo que se persigue con la gratuidad con la preocupación por la calidad? Desde luego, pero con pragmatismo, dejando de lado la ideología. Por ejemplo, restringir la gratuidad a estudiantes del 60% más pobre y, para las familias no tan pobres, ofrecer una combinación de ayudas parciales y créditos contingentes al ingreso, con bajas (o cero) tasas de interés y un máximo de cuotas. Si esto suena a “subsidios a la demanda” combinados con el CAE reformado, es intencional. TRAS CASI un año desde su presentación, la tramitación del proyecto de ley de educación superior parece estar llegando a su fin en la Cámara de Diputados. Desde nuestra perspectiva como instituciones privadas – reconocidas por nuestros estudiantes por su calidad y aporte a la sociedad, y por la diversidad de nuestros proyectos educativos- hacemos una síntesis de esta iniciativa y su tramitación antes de que su discusión prosiga en el Senado.
Las características del proyecto se han mantenido más o menos estables tras las múltiples indicaciones. En particular, la persistencia en hacer de la gratuidad universal del pregrado el comienzo, centro y fin de toda discusión al respecto. Una obsesión que ha llevado a perder la oportunidad histórica de mejorar nuestro actual sistema de educación.
A esto se suma el debilitamiento de la autonomía de las instituciones, mediante el aumento del control estatal en elementos que le son ajenos, como el sistema de admisión y fijación de vacantes y aranceles. Además, el proyecto ha mantenido (y extendido) los privilegios de ciertas instituciones – algunas entre las de menor calidad del sistema acreditado- incurriendo en discri- minaciones arbitrarias contra nuestros estudiantes. El paso del proyecto por la Comisión de Educación tuvo pocas consecuencias en estos ámbitos. Las audiencias, de las cuales participamos y seguimos, destacaron por su tono crítico. Sin embargo, muy pocos de los comentarios expuestos fueron considerados. Solo se admitieron las visiones de los rectores del Cruch y, en consecuencia, las indicaciones introducidas por el gobierno se limitaron a hacer eco de las presiones de sus universidades.
Un ejemplo concreto es que los aportes basales, que eran reemplazados en el proyecto original por un esquema de financiamiento más razonable y moderno, se mantienen. Pero el aspecto que más llama la atención, es que la comisión dedicó poco y nada de tiempo en discutir la situación y el impacto del proyecto en las instituciones privadas creadas después de 1981, que en su conjunto reúnen más del 70% de la matrícula.
¿Cómo puede una iniciativa que pretende ser una “ley marco” excluir a la mayoría de los involucrados? La máxima expresión de esto es la eliminación, sin reemplazo cierto, del Crédito con Aval del Estado que, si bien puede ser mejorable, es la única herramienta de financiamiento estatal disponible para todos, y que ha permitido ampliar la cobertura de la educación superior.
El paso del proyecto por la Comisión de Hacienda destacó por su premura. Es lamentable que una iniciativa enfocada casi totalmente en el financiamiento y que en régimen le costará al fisco cerca de 1,5% del PIB, se haya discutido en tan solo una semana. Por cumplir plazos irracionalmente cortos, se corre el riesgo de no realizar un análisis responsable y sopesado del impacto fiscal por quienes están llamados a hacerlo. Esto es aún más grave cuando la gratuidad universal está diseñada de tal manera que compromete fuertemente el gasto público futuro. Sin duda, este proyecto merecía una discusión mayor respecto de los recursos asignados.
Por desgracia, todo lo anterior hace improbable que el proyecto mejore en el corto plazo. De esta manera, nuestra esperanza está puesta en el Senado, donde esperamos se consideren las distintas visiones, se sopese de forma responsable el impacto en el erario fiscal, se eliminen discriminaciones arbitrarias y, ojalá, se pueda volver a reflexionar sobre cómo seguir trabajando hacia un mejor sistema de educación superior sin volver atrás en lo avanzado.