Contra la censura
SI EN ALGO retrocedimos la semana pasada, eso fue en la valoración de la libertad de expresión. Y es que tres sucesos la pusieron al centro del debate e hicieron que algunos olvidaran su relevancia. El más comentado fue el del “Bus de la Libertad”; pero es también el menos interesante desde la perspectiva de la libertad de expresión. Y es que el bus circuló, transmitió su mensaje y probablemente todos nos formamos opinión. Salvo voces aisladas, ninguna autoridad llamó a censurar el paso del bus. Solo ciertos grupos opositores (a veces con la violencia propia del intolerante) intentaron impedir su circulación fundándose en que el mensaje los ofendía. ¿Puede censurarse una expresión porque algunos se sienten ofendidos? Obviamente no. Desde hace mucho tiempo en el mundo, y en Chile desde el caso de La Última Tentación de Cris- to, la libertad de expresión no puede limitarse por esas percepciones subjetivas. Solo hay ciertas expresiones muy específicas y ligadas al llamado “discurso del odio” que admiten algún tipo de censura previa. Pero nada de eso se observó en los mensajes del “Bus de la Libertad”.
El segundo evento, menos polémico pero a mi juicio mucho más grave, es la censura que el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, impuso sobre una campaña de la AFP Habitat. Macías cuestionó que era “parcial” pues no contemplaba todos los anuncios del gobierno. Luego el ministro Valdés agregó que era “provocadora”. ¡Todo mal! ¿En qué país serio se acepta que un gobierno censure las críticas por considerarlas parciales o provocadoras? Y es que el contenido de un mensaje no es una cuestión que deba valorar positiva o negativamente la autoridad sino que, al decir del Juez Holmes, corresponde al “mercado de las ideas”, esto es, al valor que la gente le da a ese mensaje en el contraste con otros. Dicho de otra forma, si las ideas que más influyen son las del gobierno o las de la AFP no debe depender de la censura sino que de la valoración que le damos a cada una. Para eso todas deben circular libremente; incluso si a Macías y Valdés eso los provoca.
El tercero, que ha pasado desapercibido, sucedió en Valparaíso. Ahí, con los votos de la NM, se aprobó en la Comisión de Constitución la sanción de cárcel para quien públicamente niegue los hechos referidos a delitos cometidos durante la dictadura. ¿En qué están pensando quienes promueven esta censura? Claramente no se trata de recordarnos que durante el gobierno de Pinochet se cometieron graves delitos. La historia ya ha hecho lo suyo a este respecto. El asunto es más complejo: pretende que la verdad histórica, siempre susceptible de juicio y revisión, quede fijada no por el acuerdo compartido sino que por el manto de castigo que impone la ley. Eso, más que fortalecer dicha verdad, la debilita pues la opinión de las personas deja de fundarse en la convicción para pasar a estarlo en el temor de una sanción. ¿De verdad quiere eso la Nueva Mayoría?
Al final, tanto el gobierno como el Congreso debieran recordar que, como narra Coetzee recordando la experiencia sudafricana en un libro del que esta columna toma su título, la censura institucional es una muestra de debilidad; no de fortaleza.
Si las ideas que más influyen son las del gobierno o las de la AFP no debe depender de la censura sino que de la valoración que le damos a cada una.