PLAN DE DESCONTAMINACIÓN

GRATUIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR

SENOR DIRECTOR

En octubre de 2016 se anunció un plan de descontaminación para Santiago que incluía restricción vehicular a los autos de 2011 o antes, incluso aquellos que tuvieran sello verde. Se criticó la medida señalando que perjudicaría a los dueños.

A partir de esa premisa estimamos empíricamente la magnitud del efecto. Ocupamos una base de datos provista por Autobook, empresa que se dedica a procesar datos del mercado automotriz. El resultado fue que los precios bajaron solo un 2,6% en comparación con los modelos no afectados por la regulación. Al hacer la estimación de la cantidad de vehículos de 2011 o anteriores publicados para la venta, se encontró que aumentó entre 2 y 4% en relación con los grupos de control; se interpreta que hubo gente que quiso deshacerse de sus autos para no verse afectados por la restricción. Ambos resultados son significativos y consistentes con una disminución leve de la demanda y un aumento predominante de la oferta.

En conclusión, pese a que la medida no se implementó, sí hubo un daño patrimonial a los propietarios de vehículos de 2011 o antes. ¿Tuvo algún efecto en la contaminación de Santiago? No lo sabemos, pero indudablemente no fue el que se buscaba. SEÑOR DIRECTOR

La Cámara de Diputados aprobó la propuesta de reforma a la educación superior que incluye el compromiso de aumentar la gratuidad hasta alcanzar el 60% de estudiantes de menor ingreso. Con esta decisión se empiezan a cumplir los presagios más pesimistas del rumbo que tomará la reforma y del efecto que la obligación de gratuidad tendrá, al comprometer recursos estatales escasos que podrían haberse destinado, por ejemplo, a mejorar el catastrófico estado del cuidado de la infancia.

La decisión no solo quebranta aún más la confianza en los legisladores, sino que constituye una irresponsabilidad fiscal y legislativa, cuyas consecuencias se sentirán en el mediano y largo plazo.

Si miramos el contexto internacional veremos que el modelo de gratuidad universal no es sostenible. También lo vemos en la Europa desarrollada, que era el emblema de la educación superior gratuita.

Sabemos lo difícil que ha sido el proceso de revertir beneficios de gratuidad; significa romper el “contrato social” existente entre la educación superior y la sociedad en esos países.

Esta es una de las razones por las que es especialmente irresponsable iniciar un compromiso que el Estado no podrá cumplir, o que cumplirá a un alto costo. Es demagógico hablar de gratuidad sin garantizar una educación de calidad y pertinente al mercado laboral.

Con algo de optimismo, espero que la conversación en el Senado sea sustantiva y responsable y que sepa explicitar la visión de nuestro sistema de educación superior para los próximos 30 años. Pero no desde una posición ideológica, sino desde un análisis certero de la realidad nacional e internacional.