ABORTO: ARGUMENTOS DEL GOBIERNO
SEÑOR DIRECTOR
Su edición de ayer resume la respuesta del gobierno al requerimiento de inconstitucionalidad contra el proyecto de aborto. Dicha respuesta evidencia las confusiones que inundan esta discusión.
El gobierno afirma que al nonato le asiste “un deber de protección, no un derecho a la vida como el que asiste a las personas”, el que “no es absoluto e incondicionado”. Lo cierto es que el deber de conservar y respetar la vida, propia o ajena, es siempre condicionado (depende de las circunstancias). Nadie ha dicho lo contrario.
Por ello, también yerra el gobierno al señalar que es “desproporcionado” que “se prefiera en todo caso y bajo toda circunstancia la protección del feto”. La prohibición del aborto directo o procurado no se basa en un supuesto deber de continuar con el embarazo en toda circunstancia: tal deber no existe, y nadie pretende que exista. Por eso jamás han representado dificultades éticas ni jurídicas las terapias que buscan sanar a la madre cuya vida corre peligro, aunque traigan como consecuencia no deseada la muerte del no nacido.
La prohibición del aborto directo se basa en un principio más amplio, del que constituye una aplicación: la prohibición de terminar directa y deliberadamente con la vida de un ser humano inocente. Y el gran problema del proyecto es que contraviene tal principio. No se limita solo a despenalizar, sino que garantiza como prestación médica exigible supuestos de aborto directo. Es esto último —legalizar y legitimar atentados directos contra la vida humana inocente— lo que resulta incompatible con el mandato constitucional de proteger la vida del que está por nacer.
Claudio Alvarado R.
Instituto de Estudios de la Sociedad (IES)