Ley de estacionamientos: 70% de los reclamos son por robo en vehículos
Balance del Sernac indica que las empresas tienen una baja acogida de las denuncias hechas por los clientes. Hasta ahora, no hay fallos judiciales tras las presentaciones cursadas contra las empresas por supuestos cobros irregulares.
A ocho meses de que comenzara a regir la nueva ley de estacionamientos de centros comerciales, el balance entregado por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) indica que no hay una respuesta clara por parte de las empresas a los usuarios cuando éstos reclaman por robos en los vehículos o bien por cobros abusivos.
De acuerdo al Sernac, entre el 15 de febrero de este año y el pasado 6 de septiembre, se recibieron 2.497 presentaciones de este tipo a nivel nacional. Un 70% de los reclamos correspondió a robo, hurto o daño a los vehículos al interior de los aparcaderos de los malls. En tanto, el 6,9% de los casos tiene que ver con cobros de tarifas superiores a los exhibidos por la compañía o al tiempo efectivamente utilizado. Además, un 4,4% de los reclamos se debe a que el proveedor del servicio no reconoce la aplicación de la ley.
La institución también ha identificado que del total de quejas que se han tramitado y cerrado: un 67,3% de los casos no fue acogido, mientras que un 20,1% no tuvo respuesta. La cifra está por sobre el promedio de respuestas desfavorables que recibe el organismo: un 35,2% de las compañías no acoge el reclamo y un 8,4% no contesta el requerimiento. Sólo un 12,7% de los casos fueron solucionados satisfactoriamente por las firmas a cargo de estos recintos.
¿Por qué las compañías no se pronuncian respecto de los delitos denunciados? De acuerdo al presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón, “las empresas no tienen un plazo para contestar ante estos requerimientos. Tampoco hay una sanción si esto no ocurre”, señala. Por ello, sostiene que los privados prefieren esperar a que los supuestos afectados concurran a los tribunales, lo que no es frecuente.
Otro punto que destaca Calderón es que el aumento de las tarifas de estos servicios “no implica que los recursos se inviertan en mayor seguridad, por lo que siguen habiendo delitos graves por la falta de personal que vigile”. Da como ejemplo el caso de un usuario que aparcó en el estacionamiento de un mall de Peñalolén, a quien le sustrajeron tres ruedas de su vehículo y aún no recibe una respuesta satisfactoria.
Cambios en la ley
Tras la puesta en marcha de la ley que regula a este sector, en marzo pasado se presentaron seis iniciativas legales para precisar algunos aspectos de la actual norma.
El diputado Marcelo Chávez (DC) sostiene que estas modificaciones serán votadas en la sala de la Cámara en las próximas semanas. Chávez asegura que se establece explícitamente que las empresas que están a cargo de los estacionamientos de los centros comerciales “a todo evento deberán hacerse cargo de los delitos que ocurran en sus dependencias”.
Señala que esto implica que la empresa proveedora del servicio deberá probar en un juicio que adoptó las medidas para resguardar el vehículo, situación que ahora debe ser probada por el cliente. “Resulta imposible
que una persona pueda probar que sufrió un robo en un lugar que no cumplía con las condiciones adecuadas de seguridad”, añade.
El senador Francisco Chahuán (RN) también puso en discusión una iniciativa legal en esa línea, la que sostiene que las firmas responsables de estos espacios deberán responder civilmente en el caso de que haya daños a los vehículos. Apunta que debe haber, además, un estándar de seguridad en estos recintos, pues las medidas que se toman para resguardar los bienes de los clientes varían.
El presidente de la Conadecus coincide con el parlamentario, pues señala que en algunos casos existen cámaras, en otros sólo barreras, mientras que otras compañías disponen incluso de guardias en bicicleta para reforzar la vigilancia en estos lugares.
“Hoy, todo depende de la voluntad de las empresas”, dice. Sostiene que los proveedores de estacionamientos en malls deben responder, pues, por ejemplo, la justicia ya ha condenado a supermercados a pagar por hurtos en sus aparcaderos, pues se considera que tienen el “deber implícito” de tomar medidas de seguridad. Consultada sobre el tema la Cámara Chilena de Centros Comerciales declinó referirse a estos casos.