REAJUSTE EN EL SECTOR PÚBLICO

SEÑOR DIRECTOR

Hoy de nuevo aparecen los funcionarios públicos en el centro de la contienda, ya sea por razones electorales, como a propósito del reajuste de sus remuneraciones.

Al respecto, como empleado público, necesito derribar un mito, que el promedio de las remuneraciones de este sector es más alto y que somos privilegiados, comparados a los sueldos de los trabajadores del sector privado; en efecto, esta creencia, aparece a la luz pública sobre bases que no se pueden comparar.

Primero, la inmensa mayoría de los trabajadores del sistema centralizado del Estado está vinculado a contrata o a honorarios, esto es, que al final de año su continuidad es incierta, y en el evento de ser despedido, ni siquiera recibe una indemnización que al común de los trabajadores – por el Código del Trabajo – le corresponde; luego de años de trabajo, puede quedar cesante y salir con una mano por delante y otra por atrás.

Segundo, que la administración pública centralizada – sin considerar la municipal – está integrada, casi en un 100% por profesionales, la mayoría jóvenes, cuyas rentas en promedio son inferiores a las que reciben en el mercado laboral profesional, y, por supuesto, el riesgo de ser despedido al final de año, especialmente en un cambio de gobierno, incluso de igual signo político.

En mi concepto, el ser contratado y trabajar para el Estado, es un riesgo, considerando que las obligaciones contractuales personales se contraen por períodos que exceden el año que dura la contrata, pensemos en un crédito de consumo o uno hipotecario; ni hablar del pago del Crédito con Aval del Estado; en consecuencia, en los análisis de los economistas, se deben ingresar estas variables.