DISTORSIÓN EN ENFOQUE DE POLÍTICAS PÚBLICAS
La ley de equidad tarifaria, así como otras emblemáticas reformas que han puesto el acento en la lógica redistributiva, se alejan de una sana focalización.
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Sorpresa causó el aumento de 0,6% en el IPC de octubre, ya que el mercado había anticipado un alza de solo 0,2%, sobre todo después de la inesperada caída que había mostrado en septiembre el principal indicador de precios. Pese a que varios productos o servicios medidos mostraron alzas relevantes en octubre (como los paquetes turísticos que tuvieron un alza mensual de 11,1%), la atención se concentró en los efectos que produjo en los precios de la electricidad la entrada en vigencia de la nueva ley de equidad tarifaria.
La iniciativa legal -que había comenzado su discusión legislativa en 2015 y que fue promulgada en agosto de 2016- prometía beneficiar al 80% de los hogares del país con rebajas tarifarias, las que serían compensadas con aumentos en algunas comunas densamente pobladas. Sin embargo, como el IPC es medido en solo 59 comunas del país, sobreponderó los efectos asociados a las alzas tarifarias porque está concentrado en las localidades con mayor población, justamente las que fueron afectadas negativamente con la entrada en vigencia de la nueva ley.
Más allá de los efectos puramente coyunturales, es necesario analizar las externalidades que está produciendo la entrada en vigencia de éste y otros marcos normativos. Dicha ley en la práctica genera un subsidio desde los hogares de comunas con mayor densidad demográfica hacia zonas menos pobladas, independiente de sus niveles de ingresos. Lo paradójico de este nuevo marco regulatorio es que comunas vulnerables de la región Metropolitana pueden ver aumentadas sus tarifas para financiar a las rebajas tarifarias de localidades aisladas de altos ingresos.
Criterios similares se usaron para promover la gratuidad universal en la educación superior, cuyos costos futuros fueron financiados con una reforma tributaria que resultó, a la larga, altamente regresiva y con beneficios que en el diseño inicial abarcaban a familias de bajos y altos ingresos por igual.
La lógica redistributiva que ha marcado la esencia de esta administración ha utilizado herramientas de escasa efectividad en la focalización del gasto, cambiando el énfasis de las políticas públicas de las últimas tres décadas, que en el pasado promovieron el cobro de impuestos no discriminatorios y con bases amplias –y que paulatinamente fueron concentrándose en tributos menos regresivos-, cuya recaudación tenía como destino aumentar el gasto público en aquellas áreas de mayor demanda social.
Es necesario, entonces, evitar que en la discusión legislativa primen criterios que antepongan intereses políticos y pasen por alto los efectos económicos que tienen las diversas iniciativas en trámite. La focalización del gasto público es un imperativo que va más allá de aspectos puramente económicos, porque finalmente lo que está en juego es la capacidad del Estado por atender de manera eficiente los requerimientos más acuciantes de la sociedad. Se hace indispensable que durante el diseño y discusión de una iniciativa legal se consideren todas las posibles externalidades, para evitar así sorpresas como las que trajo el IPC de octubre.