Solicitan al gobierno amnistía para 200 mil inmigrantes
Agrupaciones entregaron carta dirigida a la Presidenta, en que piden un proceso extraordinario de legalización.
Hasta el Palacio de La Moneda llegaron ayer representantes de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes y el Servicio Jesuita de Migrantes (SMJ), con el objetivo de entregar una carta dirigida a la Presidenta Michelle Bachelet, que solicita la realización de un proceso extraordinario de regularización para extranjeros que permanezcan en Chile de forma irregular.
Desde el gobierno señalan que, aunque aún faltan los resultados finales del Censo 2017, se calcula la presencia de aproximadamente 600 mil extranjeros en el país. Sin embargo, a la ausencia de cifras oficiales, se suma el número de ilegales que habrían arribado a Chile, quienes según los organismos migrantes rondarían las 200 mil personas.
Para Rodolfo Noriega, secretario ejecutivo de la coordinadora, esta amnistía migratoria iría en ayuda de personas que actualmente, al no tener documento de identidad, no pueden ejercer sus derechos y trabajan de forma irregular. “Así se defrauda al país y se cometen abusos contra los extranjeros”, agregó.
“En vez de los muros físicos de Trump, en Chile tenemos muros administrativos”, critica el director nacional del SMJ, Pablo Valenzuela, para quien es “inaceptable” que en la actualidad la regularización dependa de que las personas obtengan un contrato de trabajo y sean reconocidos por terceros como “objeto productivo”. “Los migrantes han venido a aportar. Basta de estigmatizarlos y criminalizarlos, paremos esta situación de ilegalidad estructural”, afirmó.
Desde el retorno a la democracia, en Chile se han realizado ya dos procesos de regularización extraordinaria. En 1998, durante la Presidencia de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y en la primera administración de Michelle Bachelet, en 2007. En aquellas oportunidades se regularizó la situación de aproximadamente 22 mil y 46 mil extranjeros, respectivamente.
Para materializar esta iniciativa, explican sus promotores, se podría acudir a cualquiera de las dos vías administrativas utilizadas anteriormente, sin necesidad de acudir al Congreso. Es decir, un decreto supremo -presidencial- o un instructivo emanado desde el Departamento de Extranjería y Migración (DEM).
La propuesta contempla que toda persona en calidad de irregular se acerque a alguna de las dependencias de la PDI para registrarse ante la autoridad. “De esa forma se registrarían y se garantizaría la seguridad, que es un problema que tanto les afecta”, enfatiza Noriega.
Luego tendrían que ir hasta el Registro Civil para solicitar una “cédula de identidad provisional por cuatro o seis meses” y tras esto gestionar la residencia en el DEM.
En tanto, el diputado y miembro de la bancada migrante, Ramón Farías (PPD), señaló que es una buena idea estudiar una amnistía migratoria que beneficie a extranjeros que requieren regularizar su situación. “Ellos necesitan trabajar de manera legal, y de ese modo integrarse plenamente a lo que es hoy día su país”, expresó. ●