. RECHAZO DE CONTRALORÍA AL “DECRETO ESPÍA

Mediante una escueta resolución, la Contraloría General de la República se abstuvo de dar curso al decreto emanado de la Subsecretaría del Interior, con el cual se busca crear un nuevo reglamento de interceptación de comunicaciones telefónicas, así como también introducir nuevas normas que obligan a las compañías de telecomunicaciones a extender la conservación de datos. De acuerdo con el ente contralor, “debe objetarse que diversas disposiciones del señalado reglamento regulen materias propias de ley, como lo son la conservación de datos comunicacionales”, además de otros reproches técnicos.

Se trata de una resolución acertada, porque lo que se presenta como una simple adecuación de la normativa vigente para hacer más efectiva la acción policial, en la práctica reviste profundas implicancias. Así, el decreto obliga a los operadores a almacenar por un período no inferior a dos años una serie de datos relativos a los usuarios, lo que aplica cualquiera sea el medio o forma de telecomunicación. Una medida así arriesga invadir la garantía constitucional de la inviolabilidad de las comunicaciones, lo que exige un examen en profundidad sobre su justificación.

Los transversales cuestionamientos que ha despertado este decreto -que popularmente se ha conocido como “decreto espía”-, sumados a los reparos del contralor, deberían ser motivos suficientes para que la autoridad no persevere en esta medida por la simple vía administrativa, y opte por una discusión abierta y transparente en el Congreso.