Desafuero de Moreira baja quórum para reformas clave del gobierno
No se necesitaría el voto de ningún senador de Chile Vamos para aprobar el proyecto que define el mecanismo para cambiar la Constitución.
Un nuevo escenario se configuró en el Congreso desde que la semana pasada se hiciera efectivo el desafuero del senador de la UDI Iván Moreira.
El ex diputado representa la segunda “baja” de los 38 senadores electos en el actual Parlamento, pues Jaime Orpis (ex UDI) ya se encontraba desaforado desde 2016, tras ser acusado en el marco del caso Corpesca.
En los comités de Chile Vamos, la semana pasada, ahondaron en detalle cómo sería ahora la composición del Senado para la aprobación o rechazo de proyectos de ley clave para el gobierno de Michelle Bachelet. Esto, pues en los últimos dos meses que quedan de periodo legislativo -diciembre y eneroaún se esperan tramitar reformas relevantes para el gobierno, antes de que asuma una nueva administración y parte del Congreso.
El miércoles pasado, de hecho, el Ejecutivo puso suma urgencia a la iniciativa de ley que define el mecanismo para cambiar la Constitución, la llamada “modificación” al Capítulo XV de la Carta Fundamental.
¿Cómo quedaría entonces la configuración de la Cámara Alta? Con 36 senadores en ejercicio, en proyectos de ley que impliquen una reforma constitucional se necesitarán 24 votos favorables para dar luz verde a ciertas iniciativas. Es más, el proyecto de ley que reforma el Capítulo XV de la Constitución requiere de 2/3 de la Cámara Alta.
Los 24 senadores justamente son todos los parlamentarios de los comités del PS, PPD, la DC, PAIS e independientes, por lo que, esta vez, el gobierno no necesitaría ni siquiera un voto de Chile Vamos para lograr aprobar sus reformas clave.
Según el artículo 7° inciso final de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, “en el cómputo de los quórum y mayorías no se considerarán como senadores y diputados en ejercicio los que se encuentren suspendidos por efecto de lo dispuesto en el artículo 61, inciso final, de la Constitución Política, y los que estén ausentes del país con permiso constitucional”.
Este es el caso de los senadores Moreira y Orpis.
Esta misma situación ocurriría en el próximo Congreso, que contará con 43 senadores. Si Moreira aún permanece en desafuero, serán 42 senadores, pues el cupo de Orpis ya habrá sido reemplazado, lo que cambiaría los quórum para aprobación de leyes.
Los senadores de Chile Vamos serán 19 y, por tanto, los que no pertenezcan a esa coalición serán 24. Con un senador menos se podrán aprobar leyes orgánicas constitucionales sin requerir ningún voto favorable de los senadores de derecha.
Reforma previsional
Para el martes próximo está planificado que el proyecto que modifica el capítulo XV sea discutido en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja. No obstante, existe una alta probabilidad de que en enero esta iniciativa sea discutida en el Senado, aun con el desafuero de Moreira.
Otra reforma constitucional clave para la administración Bachelet es aquella que crea el Consejo del Ahorro Colectivo, iniciativa esencial para llevar adelante la reforma previsional planteada por el gobierno.
De hecho, el miércoles también se le otorgó suma urgencia a este proyecto que, igualmente, necesita de 2/3 de los senadores para ser aprobado, es decir, de 24 de ellos, contando a los 36 que están en ejercicio.
Además de esos dos proyectos existen otras iniciativas que tendrían mayor facilidad de aprobarse tras el desafuero de Moreira.
Se trata de las siguientes reformas constitucionales: la que crea la figura del primer ministro; la que permite la renuncia voluntaria al cargo de diputado y senador; la nacionalización de recursos naturales de carácter estratégico; la que declara a los materiales atómicos naturales y el litio como sustancias de valor estratégico, no susceptibles de concesión y reserva al Estado su exploración, explotación y beneficio.
Otras reformas, también, en materia de plebiscitos; un proyecto que suprime el fuero parlamentario y el de los intendentes, gobernadores y presidentes de los consejos regionales, y finalmente, la modificación del artículo 19 con el fin de establecer que “las aguas tienen la calidad de bienes nacionales de uso público”.b