PLAN DE DD.HH. DEL GOBIERNO

SEÑOR DIRECTOR

El Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2022, entre otras cosas, intenta suspender los beneficios asociados al grado de los militares condenados por “crímenes de lesa humanidad”.

Al respecto, cabría aclarar que la mayoría de los condenados por tales delitos participó muy indirectamente en hechos ocurridos hace más de 40 años, en un país absolutamente convulsionado, ostentando un grado jerárquico que hacía impensable negarse a cumplir una orden que no contrariaba la moral, ni la legalidad vigente. Hoy muchos jueces califican aquello como “asociación ilícita”.

Además, por la fecha del ilícito, los militares están sometidos al antiguo sistema procesal penal, suprimido por arbitrario, pues el magistrado investiga, juzga y condena autónomamente, validando pruebas que serían inadmisibles en el nuevo sistema. Se suma que la figura de “crimen de lesa humanidad”, se introdujo en Chile recién el año 2009; por tanto, su aplicación retroactiva es una aberración jurídica.

Incluso, quienes cometieron delitos en la lucha contra la subversión, deberían tener los mismos beneficios otorgados a los guerrilleros y terroristas que debían neutralizar, a veces arriesgando sus vidas. Es hipócrita perseguir solo a los militares que tuvieron la dura tarea de pacificar un país que vivía un gravísimo caos sociopolítico y político, provocado por los justicieros de hoy, que ayer promovían la violencia como un arma legítima de la lucha política.

No se busca impunidad ni garantías especiales, sino que se cumpla el Estado de Derecho que se aplica a todos los chilenos, incluso a los terroristas. Confío en que el Presidente electo hará los esfuerzos en esa línea.

Miguel A. Vergara Villalobos