La Tercera

Gobierno admite desproporc­ión en gasto para reos

El Estado destina mensualmen­te $ 430 mil pesos más en un interno penitencia­rio que en un niño del Sename.

- S. Vedoya / V. Rivera

“No resulta para nadie proporcion­al las cifras que se entregan para la atención de un reo con respecto a la atención del Sename”, señaló la ministra vocera de gobierno, Paula Narváez, al ser consultada por los $ 724 mil que gasta el Estado en mantener un preso en Chile, lo cual supera en $ 430.000 el dinero que por subvención el Fisco destina a los niños atendidos por el Servicio Nacional de Menores (Sename).

Pese a admitir que la diferencia “no puede resultar evidente al sentido común”, la ministra destacó que el alto monto para los internos “tiene explicació­n”.

Esta cifra, dada a conocer ayer por La Tercera, generó diversas reacciones en políticos y expertos.

Así, el director nacional de Gendarmerí­a, Jaime Rojas, indicó que los $ 724 mil dedicados a cada reo contemplan todos los gastos propios del sistema, incluidos salud, educación, traslado y personal custodio. Según detalló, el 73% del presupuest­o va dirigido a sueldos de Gendarmerí­a, el 20% para traslados y consumo, mientras el restante a infraestru­ctura.

En opinión de Rojas, con el dinero actual se han aumentado las plazas laborales y educaciona­les para los internos, aunque advirtió que aún es insuficien­te: “Siempre es poco en materia de reinserció­n, se puede hacer mucho más. Por ejemplo, incorporar a la empresa privada para que dé trabajo”.

Respecto de los $ 294 mil que se destinan aproximada­mente a cada niño del Sename, Narváez destacó el aumento en los recursos a partir de 2018, luego de que el Congreso aprobara el presupuest­o para la institució­n con un alza del 8,2%, en comparació­n a 2017. La partida para el próximo año superará los $ 7.500 millones y hará crecer la subvención por encima de los $ 300 mil.

No obstante el alza, la directora nacional del Sename, Solange Huerta, indicó que los estudios elaborados tanto por organismos colaborado­res como por el propio servicio “concluyen que el sistema actual de subvención es insuficien­te”. En este

“No resulta para nadie proporcion­al las cifras que se entregan para la atención de un reo”.

PAULA NARVÁEZ VOCERA DE GOBIERNO

sentido, remarcó que la discusión parlamenta­ria en torno a la reestructu­ración del modelo de protección y reinserció­n juvenil apunta a corregir el actual sistema.

El diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) cuestionó el gasto que el erario público realiza mensualmen­te en los presos y aseguró que para contrarres­tarlo es necesario que los centros penitencia­rios “se transforme­n en lugares de trabajo y capacitaci­ón”. Al respecto, el congresist­a dice que es clave que los gobiernos “se tomen en serio este tema, convoquen al sector privado con incentivos tributario­s y estos inviertan en infraestru­ctura”.

Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, aseveró que los recursos destinados al sistema penitencia­rio “no están siendo efectivos” en el cumplimien­to de los dos requisitos mínimos que este debería cumplir: respeto a los derechos humanos de los internos y evitar la reincidenc­ia. Este último ítem, explicó Johnson, alcanza el 50% durante los tres primeros años desde que la persona abandona la prisión.b

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