Álvaro Clarke

SEÑOR DIRECTOR

El 21 de diciembre de 2017, el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana declaró admisible una denuncia que solicita la expulsión de Mariana Aylwin y otros miembros de Progresismo con Progreso (PCP), entre ellos, el suscrito. Este grupo publicó en enero de 2016 una carta abierta en la que alertaba que el gobierno de la Nueva Mayoría podría representar un “serio riesgo de estancamiento y retroceso para la democracia, los derechos ciudadanos, la igualdad de oportunidades y el desarrollo económico social”. También se proponía levantar “una agenda movilizadora de las muchas voluntades que hoy están por comprometerse con un desarrollo mucho más vigoroso que un magro 2% y que responda a las demandas de equidad, prosperidad e igualdad de oportunidades”. El tiempo le dio la razón. El gobierno de la NM terminará con una economía creciendo en promedio al 1,8%; sus reformas mal diseñadas y mal implementadas tienen una cuota de responsabilidad importante en la caída de la inversión; Chile fue degradado por varias agencias de rating internacional y el incremento de la deuda pública excedió el aumento de los ingresos fiscales, sin que sea previsible un camino de convergencia hasta ahora. Un mal gobierno no merece reelegirse; nuestro país no podía correr el riesgo de otro período de gestión de la misma coalición política. Así lo entendió la gente y votó masivamente por el candidato opositor, Sebastián Piñera.

Mariana Aylwin y PCP han sido el mensajero previsor y certero de las negativas consecuencias que acarrearon las políticas públicas llevadas a cabo por el actual gobierno. Ciertamente no fueron los causantes de las mismas y menos de la debacle electoral de la NM. Más que perseguir al mensajero, la directiva DC, sus principales dirigentes y los miembros del Ejecutivo, deben hacer una profunda autocrítica y ver dónde están las responsabilidades de esta derrota electoral.