Congreso y asignaciones parlamentarias
La posible designación de Andrés Zaldívar en el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias una vez que deje su cargo de senador en marzo, ha sido objeto de controversia. Por de pronto, su posible nominación en esta instancia parece poco prudente a la luz de la investigación judicial de la que es objeto, donde se indaga un posible delito de cohecho, cargo que el senador niega rotundamente.
Más allá de que esta designación pueda inevitablemente ser vista como una suerte de “premio de consuelo” al senador tras la pérdida de su reelección, el nombramiento de personas con tanta proximidad al Congreso en el Consejo de Asignaciones no contribuye al objetivo de asegurar que dichos fondos no terminen siendo utilizados en fines proselitistas, tal como parece ocurrir con el uso discrecional de las sedes parlamentarias, o con dudosas “asesorías”.
La imagen pública del Congreso se ha visto fuertemente deteriorada, y de allí que no sea conveniente seguir dando señales de que con este tipo de nominaciones se busca proteger ante todo los intereses de los parlamentarios, escabullendo una mayor fiscalización pública. En ese sentido, el Poder Legislativo debe avanzar hacia fórmulas que introduzcan contrapesos en su interior, donde un paso concreto sería cambiar la actual composición del Comité de Asignaciones e introducir figuras que no sean elegidas por el propio Congreso. Actualmente la totalidad de sus integrantes se eligen sobre la base de una propuesta bicameral, que debe ser votada por los 3/5 del Senado y la Cámara.