La Tercera

Apoyo a pena capital llega a nivel récord en Brasil

Según sondeo de Datafolha, el respaldo a la pena de muerte pasó de 47% en 2008 a 57% en la actualidad. Es el nivel más alto desde 1991.

- Fernando Fuentes

El nivel de violencia que a diario viven los brasileños parece estar modificand­o su opinión frente a temas tan polémicos como la pena de muerte. Así al menos parece reflejarlo una encuesta difundida ayer por Datafolha, la cual reveló un apoyo récord a la pena capital.

Según el sondeo, hoy un 57% de los brasileños se declara a favor de la aplicación de la pena de muerte, lo que supone un aumento de 10 puntos porcentual­es respecto a la última medición efectuada en 2008, cuando este índice era de 47%. Además, se trata del mayor porcentaje de la serie histórica de Datafolha, iniciada en 1991.

Sólo un 39% de los brasileños dijo estar en contra de la pena de muerte, mientras que el 3% no respondió, de acuerdo con la encuestado­ra, que entrevistó 2.765 brasileños en 192 municipios entre el 29 y 30 de noviembre del año pasado.

De acuerdo con el estudio, el apoyo a la pena de muerte es mayor entre los brasileños más pobres. Entre aquellos con una renta mensual de hasta cinco salarios mínimos (unos US$ 1.473) el apoyo es del 58%, pero éste cae hasta el 51% entre las personas que reciben de cinco a 10 salarios mínimos (unos US$ 2.946). Y desciende aún más en el segmento más rico, donde el índice es de 42%.

Asimismo, los hombres tienden a apoyar más la pena capital, con un 60% de respaldo, frente al 54% que se registra entre las mujeres. En relación a la edad, el grupo etario que más se inclina por la ejecución de los condenados es el de 25 a 34 años, donde el 61% se dice a favor de la pena de muerte. El índice se reduce hasta el 52% entre los mayores de 60 años.

Si se considera el factor religioso, los católicos son más favorables a la medida (63%) que los evangélico­s (50%), mientras que entre los ateos el apoyo se sitúa en el 46%.

Según consigna el diario Folha de Sao Paulo, la pena de muerte no se aplica en Brasil, aunque está prevista en el inciso 47 del artículo 5 de la Constituci­ón en período de guerra declarada. La última ejecución de este tipo ordenada por la justicia civil se produjo en 1861.

Sin embargo, en 2015 dos brasileños fueron ejecutados en el extranjero. Marco Archer y Rodrigo Gularte fueron condenados a la pena capital en Indonesia por tráfico de drogas, a pesar de los intentos del gobierno brasileño para frenar el fusilamien­to. Fueron las primeras ejecucione­s de brasileños en el exterior en más de 150 años.

Al momento de buscar las razones del aumento del apoyo a la aplicación de la pena de muerte, el director de Datafolha, Mauro Paulino, es categórico: “El miedo”. “Nunca tantos tuvieron miedo de salir a las calles, de sufrir violencia, ya sea de los bandidos o de la policía. Con eso, las soluciones simplistas y aparenteme­nte eficaces ganan adeptos”, dijo Paulino a La Tercera.

Marihuana y aborto

En la misma línea, la encuesta muestra que la mayoría de los brasileños adultos (84%) es favorable a la reducción de la mayoría de la edad penal de 18 a 16 años. Con respecto al derecho de poseer un arma de fuego, las opiniones aparecen divididas. Para el 56%, la posesión de armas debe ser prohibida, mientras que el 42% considera que debería ser un derecho del ciudadano.

A juicio de Paulino, el alza en el respaldo a la pena capital no “se trata de una corriente

conservado­ra”. Y como prueba de ello cita el apoyo creciente a las causas LGBT o a la liberación del aborto y de la marihuana, como muestra la última encuesta de Datafolha.

En la comparació­n con sondeos anteriores, se observa que el apoyo a la prohibició­n de la marihuana es el más bajo de la serie histórica iniciada en 1995. El índice se mantuvo estable entre ese año (81%) a 2012 (77%), y ahora cayó 11 puntos (66%).

En cuanto al aborto, la mayor parte de los brasileños adultos sigue favorable a la criminaliz­ación de esta práctica, pero la tasa retrocedió en el último año.

La tasa de brasileños que considera que la mujer que interrumpe un embarazo debe ser procesada pasó del 64%, en diciembre de 2016, a 57% en la actualidad. Se trata del segundo nivel más bajo de la serie, solo superado por el índice registrado en 2007, que fue de 43%.

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► Soldados patrullan la favela de Providenci­a, en Río de Janeiro, en 2006.

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