Pruebas papales
Francisco decidió poner término a su visita al país con una señal política sin precedentes: informó a Chile que, según su convicción, los testimonios de las víctimas que apuntan al encubrimiento del obispo Barros de los abusos cometidos por el padre Fernando Karadima son simplemente “calumnias”.
En los hechos, es la primera vez que un Santo Padre cuestiona la idoneidad ética de los testimonios entregados por víctimas directas de abusos, acusando no solo un posible error o falsedad, sino la intención deliberada de mentir buscando con ello dañar a un inocente. Para el Papa, entonces, el padre Barros sería en este caso la víctima y los denunciantes, los victimarios de una imputación sin base o carente de “pruebas”.
El Pontífice ha sentado así un nuevo precedente: el testimonio de las víctimas de abusos ha perdido toda validez en sí mismo; para Francisco, ahora se requiere que dichos testimonios, por numerosos y verosímiles que parezcan, vayan acompañados de pruebas materiales difíciles de imaginar, salvo en los casos en que las víctimas hayan podido registrar el abuso a través de un medio de audio o visual, o hayan dejado alguna constancia de daño físico directo, el cual tampoco es fácil atribuir a un autor en particular.
En síntesis, los testimonios de las víctimas o de los testigos no tienen para el Papa ningún valor probatorio en este tipo de casos. Las víctimas pueden mentir y calumniar, aún cuando, como ocurrió en la investigación judicial sobre los delitos cometidos por Karadima, la jueza llegara a la convicción de que los testimonios entregados eran verosímiles y consistentes; testimonios que incluyeron descripciones nítidas sobre el rol de cómplice o al menos encubridor del actual obispo Barros.
La exigencia de “pruebas” efectuada por el Papa resulta al final doblemente insólita: por un lado, ya que instala por primera vez un manto de duda explícito sobre el testimonio de las víctimas; también, porque en casos donde las pruebas han sido categóricas y se han aplicado incluso sanciones judiciales o eclesiásticas, igual la jerarquía de la Iglesia Católica ha tenido conductas de defensa y solidaridad con los victimarios. Sin ir más lejos, el recién fallecido ex Arzobispo de Boston, Bernard Law, debió presentar su renuncia al cargo debido a que las evidencias respecto a su sistemático encubrimiento de abusos sexuales cometidos por sacerdotes de su arquidiócesis eran abrumadoras.
Pero en ese caso las “pruebas” tampoco fueron suficientes: el ex Arzobispo Law fue acogido por las murallas del Vaticano; se lo mantuvo luego de su forzada dimisión como integrante del Colegio Cardenalicio y de la Congregación para los Obispos. Y finalmente, su funeral fue realizado en la basílica de San Pedro con todos los honores y la presencia del propio Papa Francisco. En síntesis, el problema aquí nunca ha sido la falta de pruebas. Es más bien la enorme complicidad institucional, el silencio, el sistemático encubrimiento realizado por una estructura de poder, con clara conciencia de que lo todavía escondido bajo sus sotanas, es muchísimo mayor a lo que hasta ahora ha sido obligada a reconocer.
El Papa ha sentado un nuevo precedente: el testimonio de las víctimas de abusos ha perdido toda validez en sí mismo, y requiere de pruebas materiales.