COMPETITIVIDAD EN LA INDUSTRIA PREVISIONAL
Las licitaciones han sido menos exitosas en reducir la generalidad de las comisiones, las que si bien han bajado en forma relevante, aún se mantienen en niveles que reflejan un insuficiente grado de competencia vía precios.
La Superintendencia de Pensiones informó que la licitación pública para la administración de cartera de nuevos afiliados de AFP finalizó sin presentación de ofertas dentro del plazo establecido en el proceso. Esto significa que, finalizado el actual período de licitación en agosto de 2018, la Superintendencia asignará a los nuevos afiliados a la AFP que cobre la menor comisión. Los afiliados asignados por este procedimiento podrán traspasarse libremente a otra AFP.
Desde la primera licitación hasta hoy, la menor comisión de una administradora en el sistema ha bajado desde 1,36% a 0,41% del salario imponible, cifra esta última que es la que aplica actualmente la AFP Planvital. Esta evolución solo puede calificarse como un resultado exitoso de la estrategia llevada a cabo para poner una comisión reducida a disposición de los cotizantes.
Las licitaciones han sido menos exitosas en términos de reducir la generalidad de las comisiones que, si bien han bajado en forma relevante, aún se mantienen en niveles que reflejan un grado insuficiente de competitividad vía precios en esta industria. En la medida que subsista la percepción de utilidades excesivas en la industria de las AFP -que serían la consecuencia de la baja reacción a diferencias de precios por parte de los afiliados- subsistirá también el cuestionamiento a este aspecto del funcionamiento de la industria previsional, y la necesidad de buscar nuevos mecanismos que incrementen la competitividad vía precios. Sería lamentable si la eventual participación de una AFP estatal en la industria previsional, llevara a abandonar esfuerzos más directos y efectivos para inducir mayor competitividad vía precios en este sector tan importante desde el punto de vista social.
También parece necesario procurar la desconcentración de las inversiones con los fondos de pensiones entre más entidades previsionales, así como asegurar la total autonomía con que se gestionan esos fondos, sin más restricciones que aquellas que se orienten a maximizar la rentabilidad de los ahorros de los afiliados al sistema. Esto, para asegurar que se mantiene la contribución positiva al desarrollo económico que deriva de los fondos previsionales, como fuente de ahorros y como componente esencial de una institucionalidad que evita la utilización de estos recursos para propósitos, públicos o privados, distintos al interés puro de los afiliados.
El gobierno entrante ha desactivado poderosas amenazas que se cernían sobre el sistema previsional y el mercado laboral. Al definir que todo el aumento de cotizaciones de 4% del salario imponible vaya a las cuentas individuales de los aportantes, se evitará el incentivo a la informalidad laboral tras la propuesta de establecer un impuesto al trabajo de 2% del ingreso imponible, auspiciada por el actual gobierno y por la candidatura presidencial derrotada; mientras, con aporte fiscal se financiará el mejoramiento de las pensiones que requieren subsidio estatal. Para asegurar un apoyo sólido a la institucionalidad previsional, el próximo gobierno deberá enfrentar, junto a las políticas comprometidas, el desafío de incrementar la competitividad en la industria y la desconcentración de las carteras de inversiones.