La Moneda se resiste a fracaso de Operación Huracán y presenta recursos de queja y apelación
Interior informó ayer que buscará revertir la decisión del Juzgado de Garantía de Temuco, que el viernes pasado sobreseyó a investigados en el caso.
Mediante un escueto comunicado de nueve líneas -que fue leído en forma casi textual por el vocero (s) de La Moneda, Omar Jara, ante la prensa-, el Ministerio del Interior anunció ayer que buscará revocar la decisión del Juzgado de Garantía de Temuco, que el viernes pasado ordenó el cierre de la denominada Operación Huracán y sobreseyó definitivamente a los ocho imputados en la causa, tras considerar que no habían pruebas suficientes en su contra.
La decisión del gobierno se da después del duro revés que sufrió en su calidad de querellante en el caso -que, hasta ese momento, indagaba una presunta organización criminal tras los atentados incendiarios ocurridos en La Araucanía-, luego de que el citado tribunal resolviera acoger la petición de la Fiscalía Nacional de no perseverar en la indagatoria, a causa de la denuncia realizada contra Carabineros por la eventual adulteración de pruebas durante la indagatoria.
“Durante la audiencia del viernes pasado se dio cuenta de peritajes que no fueron parte de la causa, ni fueron conocidos previamente por nuestros abogados. Estos antecedentes fueron considerados al momento de resolver el sobreseimiento definitivo del caso”, dijo ayer Jara, aludiendo al informe de la PDI que presentó el ente persecutor durante la audiencia, el que daba cuenta de que las conversaciones por chat alojadas en los teléfonos de los imputados habrían sido manipuladas después de su incautación. Lo anterior reforzaba la tesis del Ministerio Público, que dio origen a una nueva arista, en la que se indagan presuntos delitos de falsificación de instrumento público y obstrucción a la justicia.
“En consecuencia, y de acuerdo a lo que señalamos el viernes pasado, el Ministerio del Interior ha decidido presentar un recurso de queja en contra del tribunal por la resolución que no dio lugar a la reapertura de la investigación, interponer un recurso de apelación en contra de la resolución que decretó el sobreseimiento definitivo de la causa y hacer una presentación frente al fiscal nacional, don Jorge Abbott, sobre situaciones acaecidas en la tramitación de este asunto”, anunció el secretario de Estado, subrayando que su accionar busca “garantizar la búsqueda de la verdad y la sanción de los responsables de hechos”.
Asimismo, precisó que el objetivo de la presentación que harán ante el líder del Ministerio Público es “acla-
rar” diversas situaciones acaecidas durante la tramitación de la causa, entre ellas, el trato de los representantes de la fiscalía, quienes acusaron al gobierno de haber tenido un actuar “negligente” durante los cuatro meses que duró la investigación.
El portavoz de Palacio explicó, además, que el Ejecutivo sigue estudiando si tomará acciones en contra de quienes resulten responsables en la nueva arista del caso, cuyo foco está puesto en Carabineros de Chile.
División oficialista
Diversas fueron las posturas que surgieron ayer en el oficialismo, tras conocerse la decisión del Ejecutivo.
En el bloque, leen la apelación al sobreseimiento como el último recurso del gobierno para “salvar” su cuestionada actuación durante la tramitación de la causa, donde ha abogado por perseverar en la investigación judicial y ha desestimado los cuestionamientos contra la labor de Carabineros, descartando una salida del general director Bruno Villalobos.
El presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, Leonardo Soto (PS), aseguró a La Tercera que “el gobierno ha sido arrastrado a esta decisión producto de haber respaldado la posición de Carabineros de Chile y se ha producido un desastre judicial en todo este procedimiento que es muy poco rescatable. Lo que está haciendo La Moneda es intentar salvar los muebles de su gestión como querellantes”.
En la misma línea, el diputado Matías Walker, quien también es parte de la comisión, aseguró que “lamentablemente el Ministerio del Interior ha quedado al debe en todo lo que tiene relación con la Operación Huracán”. Sin embargo, el parlamentario advirtió que “no obstante, como parte querellante, creo que (el Ejecutivo) tiene que cumplir su rol y agotar todos los recursos que le da la ley”.
Asimismo, el integrante de la Comisión de Seguridad del Senado, Pedro Araya (Ind.), señaló que “mi impresión es que lo que están tratando de hacer con esto es limpiar un poco la imagen respecto de cuál fue la actuación del Ministerio del Interior en esta materia”.
“El gobierno al ser parte de la investigación tiene que usar todos los recursos legales a fines de mantener su posición. Sin embargo, eso no obsta a que el Ministerio y el subsecretario del Interior asuman la responsabilidad política por el fiasco de lo que fue la Operación Huracán”, agregó.
Por su parte, el diputado Gabriel Silber (DC) defendió la postura del Ejecutivo. “Son tales las dudas que se instalan respecto a la credibilidad, ya sea del Ministerio Público como de Carabineros, que el gobierno se la debe jugar por insistir ante la Corte de Apelaciones para reabrir diligencias”.
En la misma línea, el senador PPD, Felipe Harboe, sostuvo que “me parece bien que el gobierno apele el sobreseimiento, eso es lo que todo el mundo espera. Una cosa es que la prueba pueda ser una prueba falsa, lo que está por verse, y otra distinta es que la causa se cierre y con eso se prohíba investigar a las mismas personas por el mismo hecho. Ojalá que la corte revoque el sobreseimiento, de lo contrario, esto se transformaría en el segundo caso Bombas”.