PRESERVACIÓN DEL ROL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Su papel de garante de la constitucionalidad de las leyes y contrapeso del Congreso no debe ser debilitado a pretexto de fallos que no son del agrado de algunos.
El espíritu refundacional que caracterizó a buena parte de la administración saliente aún no se ha disipado del todo. Algunos representantes insisten en alterar la institucionalidad vigente para satisfacer eventuales demandas de la ciudadanía, las que a su juicio estarían expresadas en las mayorías parlamentarias circunstanciales.
En esta línea, un grupo de senadores del Partido Socialista ingresaron en enero un proyecto de ley que busca redefinir el rol del Tribunal Constitucional (TC). En la iniciativa se elimina el control preventivo de constitucionalidad, se reduce el plazo de los ministros de 9 a 5 años y se establece la posibilidad de acusarlos constitucionalmente en caso de haber infringido la Constitución.
Las razones que motivarían cambios estructurales como los propuestos en el proyecto de ley se esbozan en sus fundamentos. Según los parlamentarios, “las atribuciones del Tribunal Constitucional, y la particular forma en que éste las ha interpretado y ejercido, han causado una profunda preocupación y malestar en la ciudadanía” ya que “ésta ha visto amenazados algunos de sus derechos más vitales” por la práctica sistemática de la minoría parlamentaria de recurrir a la sede constitucional cuando su opinión no prevalece en el Congreso Nacional, pero también por el ejercicio de sus atribuciones de oficio. Entre los proyectos que en opinión de los senadores cuestionaría el actuar del TC se encuentran la reforma laboral, el aborto en tres causales y el proyecto del Sernac.
Ciertamente es cuestionable la noción de una “profunda preocupación y malestar en la ciudadanía” en relación con el TC, toda vez que el programa ganador en las últimas elecciones no contenía cambios en el control preventivo de constitucionalidad y la idea de una nueva Constitución aparece muy abajo en las prioridades de la población, según diversos estudios de opinión. Pero más preocupante es la aseveración en el texto del proyecto que afirma que la configuración actual “pone en riesgo nuestra democracia, ya que el Tribunal tiene atribuciones que vulneran las funciones del poder legislativo”.
Es esencial que la labor de contrapeso al Congreso ejercida por el TC en su mandato constitucional se mantenga intacta para evitar que mayorías eventuales arrasen con el ordenamiento económico y jurídico que ha construido el país. El control preventivo constitucional ha evitado que la cuestionable calidad con la que ha legislado el actual Congreso termine en la promulgación de leyes que entran en pugna con la Carta Fundamental.
Pretender, entonces, instalar una acusación constitucional sobre aquellos que están mandatados para velar por la Constitución y que los eventuales acusadores sean justamente los que por ley deben ser controlados, no busca sino despojar al TC de su esencial misión y entregar el cuidado de la Constitución a mayorías efímeras que en un periodo legislativo pueden socavar los fundamentos de nuestra institucionalidad, que ha costado décadas construir.
Es esencial que los nuevos nombramientos al TC sean juristas de alto nivel y que además de su experiencia como constitucionalistas sean activos defensores de los fueros que están llamados a desempeñar en nuestra institucionalidad.