Amenazas a la libertad de expresión en Bolivia
La Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) alertó sobre un decreto emitido por el gobierno de Evo Morales, mediante el cual se obliga a los medios de comunicación de Bolivia -sin distinguir entre públicos y privadosa difundir gratuitamente campañas del Ministerio de Justicia en contra de la violencia a menores de edad. La SIP hace ver que, aun cuando esta medida aparenta tener buenas intenciones, imponer qué y cuándo se difunde un mensaje supone una interferencia en estrategias editoriales y económicas de empresas privadas, las cuales no deben ser influidas por medidas autoritarias.
La circunstancia de que muy pocos medios en Bolivia gocen de estabilidad financiera hace aún más cuestionable esta imposición, transformándose en una medida de presión que puede poner en riesgo la libertad de expresión. La SIP, en su informe presentado en la asamblea general de octubre pasado, reportó que en el caso de Bolivia “el estigma social como instrumento de ataque verbal del gobierno y militantes del partido oficial contra medios de información (…) genera preocupación porque ese mensaje se traduce en violencia contra el trabajo periodístico”.
Morales ya logró torcer gravemente la institucionalidad del país al conseguir que el Tribunal Constitucional consagrara su derecho a la reelección, pese a que la Constitución lo prohíbe y que perdió un plebiscito que él mismo convocó para esos efectos. Esta circunstancia, sumada al hecho de que por la vía de resquicios se busque presionar a los medios de comunicación, no son señales saludables para la democracia del país.