Caso cerrado
Yse la van a llevar gratis. Tras financiar por años las carreras de políticos de distintos colores, al punto de convertirlos en verdaderos títeres de sus intereses, los señores de Penta y SQM observan con calma y paciencia el proceso de cierre de sus respectivas y mediáticas causas judiciales. Es que no hubo delito, nos dicen. Es que faltó la querella de Impuestos Internos, nos aclaran. Es que en realidad no fue nada tan grave, nos explican.
Demasiados “es que” para una realidad que mantuvo perplejo a todo el país. Porque resulta que los políticos, incluidos partidos completos, acudían a estos señores para financiar de forma irregular sus millonarias campañas y capaz que sus gastos personales también y a mí no me van a convencer de que a cambio no ofrecían o concedían algún favorcillo por aquí o por allá. “Señor ME-O, lo llama don Patricio Contesse”. “No, no. Dígale que yo no atiendo el teléfono ni siquiera a quienes me depositan millones en la cuenta”. No me la trago.
¿Los partidarios de la UDI no sintieron al menos un poquito de vergüenza al comprobar que las riendas de su partido, la elección de candidatos y hasta la posición frente a determinados proyectos, radicaban en las oficinas de los Penta?
Pues ahora su presidenta se lanza con todo contra el Ministerio Público, porque fíjense que “empezaron a generar toda una corriente de opinión que señalaba que esto era delito y quedó demostrado que no” (hay algunos que se salvaron sólo por prescripción y no por falta de culpabilidad). Por suerte, ella misma nos aclara que “no significa que haya estado bien”, pero a su juicio los fiscales, con su empeño, estuvieron a punto “de transformar a la política en una actividad delictual”.
Mire, puede que no haya sido delito o quizás los fiscales no atinaron en los cargos, pero quienes torpedearon la línea de flotación de la política no fue el Ministerio Público, sino los mismos candidatos con sus correos electrónicos lastimosos, rogando por unas luquitas, incluso por el “raspado de la olla”, como decía uno de sus senadores.
Y lo que va a quedar en el inconsciente colectivo es esa sensación de impunidad que daña groseramente la confianza en las instituciones, sobre todo en los políticos, siempre tan dispuestos a reprochar las conductas ajenas, pero reacios a sancionar las propias.