MODERNIZACIÓN DEL ESTADO: UNA PRIORIDAD

El nuevo gobierno debe abocarse tenazmente a este objetivo, porque con un aparataje estatal anquilosado es improbable un rápido avance hacia el desarrollo.

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Ayer debutó el nuevo gobierno y como todo periodo que comienza, las expectativas son altas. Aun cuando las condiciones en las que comienza a dar sus primeros pasos esta administración son favorables, los desafíos que enfrentará distan de ser sencillos. Existe una natural tentación por abordar las demandas ciudadanas de corto plazo, a la que sin duda contribuye el corto periodo de cuatro años que dura el mandato. Pero al segundo periodo del Presidente Piñera se le exigirá más que la gestión de los problemas coyunturales, no solo porque encarna un punto de inflexión en la historia política del país, sino porque el mandatario y muchos integrantes de su equipo no son debutantes y porque ellos mismos se han trazado una hoja de ruta que excede el periodo presidencial.

Uno de los temas insoslayables que debe abordar esta administración es la modernización del Estado, porque aparece como una condición indispensable para lograr que el país dé un salto definitivo hacia el desarrollo. En tal sentido, es auspicioso que el mandatario haya planteado que los temas de infancia, delincuencia y modernización del Estado estarán entre los que gozarán de atención preferente.

Los niveles de desarrollo alcanzados en el ámbito económico y social parecen no haber permeado al aparato público. Pese a que en la última década el gasto total del gobierno central ha aumentado casi siete puntos del PIB y, según cifras del INE, 1 de cada 8 trabajadores en Chile se desempeña en el sector público, los agentes privados –familias y empresas- deben seguir soportando la burocracia estatal. La calidad de la educación, las prestaciones de salud, los niveles de seguridad, rapidez y certeza jurídica en la tramitación de permisos –por mencionar algunas materias- no han mejorado a la misma velocidad en que lo ha hecho el aumento del gasto público y la dotación de funcionarios estatales.

Un plan de modernización del Estado, más allá de herramientas específicas, debiera enfocarse en mejorar la cobertura, calidad y eficiencia en la provisión de bienes y servicios públicos. Los ciudadanos y las empresas deben percibir al Estado como un aliado al desarrollo y no como una fuente de empleos, un obstáculo para desarrollar emprendimientos o un engullidor insaciable de recursos. Sería decepcionante si al cabo de los siguientes cuatro años, nuestro Estado no presenta avances significativos en digitalización, ahorrando una infinidad de trámites que carecen de sentido.

Parece poco probable encontrar eficiencia en el gasto y, sobre todo, el énfasis en el servicio a la ciudadanía, en una maraña estatal con 23 ministerios -que próximamente subirán a 25- y con decenas de servicios públicos, intendencias y reparticiones que duplican prestaciones y que muchas veces carecen de objetivos comunes. A ello cabe agregar el considerable aumento de los gastos operacionales del propio Estado, lo que aleja aún más el objetivo de la eficiencia.

El desafío que debe acometer entonces el gobierno entrante es salir del diagnóstico y comenzar a bajar a tierra una hoja de ruta que implique un mejoramiento continuo del aparato estatal, que incluya el cierre de reparticiones o programas mal evaluados, la masificación en el uso de la tecnología, la revisión y corrección de los marcos regulatorios vigentes, entre otras tareas impostergables.