El decreto por Punta Peuco que el ministro Campos se negó a firmar
El ex ministro de Justicia rechazó firmar el documento que destinaba el penal a otro uso: presos que requieren un tratamiento especial. La ex subsecretaria de DD.HH. Lorena Fries confirmó la existencia del decreto.
10-11
“Sólo puedo decir que yo no he firmado ningún decreto que plantee el cierre. No he firmado nada ni nadie me ha presentado un borrador de decreto”.
JAIME CAMPOS EX MINISTRO DE JUSTICIA
“Yo vi los documentos; el documento estaba firmado, faltaban algunos pasos más. No sé qué pasó entremedio”.
LORENA FRIES EX SUBSECRETARIA DE DD.HH.
La tarde del viernes, y en completo sigilo, la Presidenta Michelle Bachelet apostaba a concretar una operación simbólica en las últimas horas de su mandato: el traslado de presos emblemáticos por violaciones a los derechos humanos que aún residían en el centro penitenciario Punta Peuco, en Tiltil, a la cárcel Colina I.
Era, en los hechos, el cierre de Punta Peuco como se le conoce hasta ahora, pues la idea era transformarlo en un recinto de carácter humanitario: presidarios en situaciones especiales, como enfermos terminales o mujeres embarazadas.
Pero el boicot a su último plan estrella vino desde dentro. Más precisamente, del Ministerio de Justicia. Esa mañana, el titular Jaime Campos se negó a firmar el decreto que ya llevaba la rúbrica de la Presidenta.
Campos -en una actitud que poco se explican sus colaboradoresentró en estado de rebeldía con la decisión. De ahí el críptico “no se pudo” que esbozara la vocera de La Moneda, Paula Narváez, el domingo durante el cambio de mando.
Ministro en rebeldía
El plan de Bachelet -el cual contaba ya con un informe técnico e incluso con el apoyo del ministro de Defensa, José Antonio Gómez- incluía como primera señal trasladar al ex jefe operativo de la CNI Álvaro Corbalán, condenado, entre otros hechos, por su participación en la Operación Albania; el brigadier (R) y ex agente de la Dina Miguel Krassnoff, recluido por su rol en múltiples actividades represivas, entre ellas el asesinato del líder del MIR, Miguel Enríquez, y Raúl Iturriaga Neumann, quien fue director asistente de la Dina y que cumple sentencia por varios ilícitos como la tentativa de asesinato contra el líder DC Bernardo Leighton y su esposa en Roma.
Todo estaba en marcha, pero faltaba lo esencial: que el hasta entonces ministro de Justicia pusiera su firma. Según distintas fuentes del gobierno saliente consultadas por La Tercera PM, fue aquí donde el plan falló. Campos se habría negado a ejecutar el último designio de Bachelet.
Algo que, advierten las mismas fuentes, no era primera vez que hacía. Durante la semana, Campos tampoco habría dado el visto bueno al indulto, también visado por Bachelet, del ex miembro del FPMR Jorge Mateluna, condenado por su supuesta participación en el asalto a un banco Santander en Pudahuel, en el año 2013 (ver nota relacionada).
Lo que no se explicaban es por qué el ministro habría cambiado de decisión, pues algunos señalan que Campos estaba de acuerdo con el movimiento de los presos.
Con todo, en el entorno del ex ministro sostienen que a sus manos nunca llegó físicamente un documento.
La larga planificación
En Gendarmería estaban en alerta para el traslado. Operativamente, según personeros de la institución, la orden la debía entregar Maurice Grimalt Catalán, subdirector operativo, a Jaime Meneses, jefe del departamento de seguridad,
La documentación la debía realizar el Centro Despacho Traslados, conocida como CDT, a cargo del capitán Jorge Vilches. A cargo de la comitiva, en tanto, habría estado el comandante Jorge Martín Domínguez, quien se desempeñó en el Penal Cordillera, cerrado por la anterior administración de Sebastián Piñera, y que conoce a los reclusos.
La señal política que se buscaba era marcar el fin de los privilegios, haciendo que los principales rostros de la represión dejaran el recinto especial para residir en una espacio de tres galerías con 10 celdas cada una, separados sólo por un muro de reos condenados por delitos. De hecho, en la refacción de Colina I para los nuevos reclusos se invirtieron cerca de $ 1.500 millones.
Y tras la aseveración de Bachelet el martes pasado de que aún estaba a tiempo de cerrar Punta Peuco, fueron reasignados algunos de los gendarmes que custodiaban el lugar, lo que es habitual cuando se quiere evitar filtraciones. Todo listo esperando una instrucción que finalmente no llegó.
Las versiones
El domingo en la mañana, la historia ya era vox pópuli en los equipos del gobierno saliente. Un gesto fue decidor: Campos no sólo no fue aplaudido cuando salió por última vez como ministro desde La Moneda, sino que además le gritaban: “¡Punta Peuco! ¡Punta Peuco!”.
Campos ayer evitó confirmar o desmentir la versión. “En relación al tema de Punta Peuco solo puedo decir que yo no he firmado ningún decreto que plantee el cierre (...). No he firmado nada ni nadie me ha presentado un borrador de decreto en relación a un cierre”, dijo el ex ministro a La Tercera PM.
De todas formas, señaló que “en un caso hipotético, y no digo que sea este el caso, si hay un acto que violenta lo que señala mi conciencia o lo que creo indica la Constitución y las leyes, por supuesto que no lo ejecutaré”.
Más tarde, en entrevista con Chilevisión, Campos recalcó que el viernes no recibió ningún decreto y agregó que “si alguien cree que es procedente el que uno ejecute actos administrativos el día sábado, o el domingo a horas del cambio de mando, yo personalmente creo que eso es incorrecto (...). Serían actos que no generarían
“Siempre dijimos que el penal Punta Peuco se debía cerrar, pero evidentemente no al final de un gobierno”.
ERNESTO VELASCO PRESIDENTE DEL PR
efecto alguno, ya que la Contraloría y todo el aparato del Estado está cerrado el sábado y el domingo. Lo que se hubiese hecho, se habría deshecho el lunes”.
La confirmación de la existencia del documento vino de parte de otra autoridad del gobierno de Bachelet: la ex subsecretaria de DD.HH., Lorena Fries.
“Yo vi los documentos, el documento estaba firmado, faltaban algunos pasos más. No sé qué pasó entremedio, habría que preguntárselo a quienes tengan la respuesta final de esto”, dijo la ex autoridad a Tele 13 Radio.
Fries también confirmó que se trataba de un cierre “simbólico”, ya que se redestinaría Punta Peuco para “aquellas personas privadas de libertad que requieren de un tratamiento especial”.
El tema también fue abordado por los partidos de la Nueva Mayoría: de hecho, en medio de la primera reunión de coordinación de las colectividades, se generó una controversia luego de que -según asistentes- el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, tomara distancia de las críticas hacia el ex ministro.
“En un tema tan relevante como éste no se puede opinar sobre supuestos. (...) Sería mucho más importante que todas las personas que fueron parte del gobierno de la Presidenta Bachelet se pusieran de acuerdo y dieran una sola versión”, dijo el presidente del PR.
Con todo, la visión más crítica hacia el anterior gobierno vino del presidente del PPD, Gonzalo Navarrete. “Entendemos que esto debió haberse hecho antes”, señaló, para luego rematar: “No era una tarea para los últimos días de gobierno”. ●