RENUNCIA DEL GENERAL DIRECTOR DE CARABINEROS

Si bien su salida era necesaria, el que no haya sido removido oportunamente por el gobierno sienta un mal precedente en cuanto a hacer efectivas las responsabilidades del mando.

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No debería causar mayor extrañeza que el ahora ex general director de Carabineros, Bruno Villalobos, haya presentado su renuncia al nuevo Presidente de la República, apenas éste asumió en el cargo. Era evidente que atendidos los numerosos cuestionamientos que pesaban en su contra, su presencia como jefe máximo de la policía uniformada se hacía inviable. En paralelo, ayer se conoció que el jefe de la inteligencia policial también decidió dar un paso al costado. Pero aun cuando previsibles, estas renuncias dan cuenta de los graves problemas internos por los que atraviesa Carabineros, y que hacen necesaria una profunda intervención a fin de normalizarla y devolver la confianza ciudadana en una institución clave de la República.

Bajo el mandato del general Villalobos se han destapado dos de los más graves casos que han golpeado a Carabineros en los últimos 20 años. Primero fue el millonario desfalco que, de acuerdo con la investigación que ha llevado adelante la Fiscalía, alcanza del orden de los $ 26.000 millones, y donde figuran decenas de formalizados, entre ellos un ex general director de la institución. Las circunstancias en que dicho desfalco se produjo están siendo motivo de indagación judicial, pero es evidente que ello fue el producto de laxos controles internos, que permitieron que durante varios años se fugaran recursos desde la institución sin que aparentemente nadie reparara en ello.

Pero lo que terminó por sellar la suerte del general director fue la mediática “Operación Huracán”, llevada a cabo por una unidad de inteligencia creada bajo el mandato del propio Villalobos, en la cual se inculparon a una serie de comuneros mapuches por una masiva quema de camiones en la zona del conflicto indígena. La Fiscalía cuestionó las pruebas aportadas por la institución, acusando una falsificación, lo que la llevó a no perseverar en esta causa y a decretar la apertura de un nuevo proceso por obstrucción a la justicia y falsificación de instrumento público. Insólitamente, justo cuando se hicieron públicas las denuncias de la Fiscalía, Villalobos se fue de vacaciones. Ante un desatino de esa naturaleza, era evidente que se trataba de un oficial que nunca supo dimensionar la crisis que tenía frente a sí, lo que ya no lo hacía apto para seguir en el cargo.

Su partida, si bien es un paso necesario en favor de comenzar a normalizar la situación en Carabineros, deja abierta una serie interrogantes. En ese sentido, un asunto que resulta desconcertante es por qué el gobierno saliente no solicitó su pase a retiro, cuando ya era obvio que su presencia en el cargo estaba dañando a la institución. El no haber tomado medidas disciplinarias en su momento -y haber esperado a que el general renunciara- deja una inconveniente sensación de impunidad, donde las responsabilidades políticas y administrativas por la conducción de una institución del Estado aparecen totalmente diluidas.

El gobierno del Presidente Piñera ha reiterado que se llevará a cabo una profunda reestructuración en Carabineros, como respuesta a estos escándalos. Puesto que aún no se conocen detalles sobre los planes del mandatario, es temprano para juzgar si van en la dirección correcta, si bien es indiscutible que se requiere una intervención urgente.