ERRÓNEAS POLÍTICAS EN MATERIA EDUCACIONAL
El nuevo gobierno debería rectificar proyectos anteriores que limitan la información a las familias y distorsionan los incentivos para aquellos establecimientos con resultados insuficientes.
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Antes de finalizar su mandato, la ex Presidenta Michelle Bachelet ingresó un tercer proyecto de ley que busca modificar leyes previamente aprobadas. En los dos primeros casos, fueron enmiendas a la ley que finalizó con el copago, el lucro y la selección y a la nueva carrera docente. En este caso, no solo se limitó a correcciones en distintos cuerpos legales –incluida la recientemente aprobada iniciativa que desmunicipalizó las escuelas y liceos-, sino que además trató de dejar establecido por ley modificaciones que limitan la información y los incentivos para los propios establecimientos.
Ambas propuestas cambian la letra y el espíritu de la Ley General de Educación aprobada durante el primer mandato de la ex Presidenta, que busca empoderar a los apoderados y aumentar la rendición de cuentas de los establecimientos educacionales frente a los resultados académicos de sus alumnos. En el caso de las restricciones a la difusión de información acerca de los resultados educativos de los establecimientos, dicha idea está incluida como glosa desde 2015, por lo que el proyecto pretende que dicha limitación quede establecida permanentemente por ley.
Un segundo aspecto que llama la atención en la iniciativa ingresada la semana pasada, es la idea de alargar el plazo que tienen los establecimientos que reiteradamente no logran los resultados mínimos que el mismo Mineduc les impone. La ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación entrega cuatro años para alcanzar un rendimiento que le permitiera salir de la última categoría de desempeño, rendimiento que es ajustado de acuerdo al nivel socioeconómico de los estudiantes, reconociendo las mayores exigencias de trabajar en contextos de alta vulnerabilidad social. El proyecto duplica dicho plazo, condenando a quienes allí se educan a una experiencia educativa de baja calidad que afectará su desempeño futuro.
Cabe recordar que durante el plazo que la ley establece actualmente, la Agencia de Calidad orienta la mejora de los resultados y los establecimientos pueden acceder a apoyo de instituciones especializadas o del Ministerio. Por ende, es poco probable que en un segundo periodo se logre revertir lo que no se pudo hacer en los primeros cuatro años. Más parece prolongar una agonía, donde los más perjudicados resultarán ser los propios alumnos, que estarían en una situación más favorable si se les ofrecen mejores alternativas educativas.
Es claro que las pruebas estandarizadas, como el Simce, no reflejan la complejidad de los procesos educativos ni tampoco la integralidad de la educación que el país busca. Sin embargo, la evidencia para Chile y el resto del mundo demuestra que este tipo de herramientas sí tienen el valor de predecir resultados académicos, por lo que descartar o relativizar su uso por parte de las familias y de la Agencia significa no utilizar todos los mecanismos que cuenta el sistema escolar para incentivar la mejora de los rendimientos de los alumnos.
Si tal como el Presidente expresó en su discurso inaugural la calidad de la educación “será la madre de todas las batallas”, el recién asumido ministro de Educación debería salir al paso de ésta y otras iniciativas que van en la dirección equivocada.