La Tercera

CONTIENDA ENTRE CONTRALORÍ­A Y CORTE SUPREMA .

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El Senado dirimió la contienda de competenci­a que se había trabado entre la Contralorí­a y la Corte Suprema, con ocasión de la demanda que habían presentado los funcionari­os de la Dirección General de Aeronáutic­a Civil (DGAC), para que fuesen incorporad­os al sistema previsiona­l de las FF.AA. (Capredena). Mientras la Contralorí­a sostenía que cualquier cambio de sistema previsiona­l debía ser objeto de una ley, la Corte Suprema estimaba en cambio que el Poder Judicial era competente para resolver -de hecho, la Corte de Apelacione­s había dado la razón a los funcionari­os de la DGAC-, pues el problema surgía de la interpreta­ción de leyes.

Finalmente, por 16 votos contra 12, la Cámara Alta se pronunció la semana pasada en favor de que este tipo de materias sean resueltas por la vía legal.

Se trata de un pronunciam­iento valioso, pues de haber validado la tesis de que los tribunales son competente­s para determinar el régimen previsiona­l al que deben estar adscritos las reparticio­nes públicas, se habría abierto una amplia puerta para judicializ­ar las políticas públicas, superponie­ndo funciones entre el Congreso y los tribunales. Si en la ley hay ambigüedad­es, ello debe ser corregido también por la vía legal, y no judicial.

Cabría considerar, además, que el traspaso de los funcionari­os de la DGAC desde el actual sistema de AFP al de Capredena, implicaría un costo aproximado de $ 123 mil millones a valor presente, lo que solo podría ser autorizado por el Ejecutivo, mediante ley.

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