La Tercera

Agenda valórica: una incómoda herencia

- Por Alberto Labra

El gobierno de Bachelet dejó pendiente un texto por matrimonio igualitari­o e identidad de género, en el marco del acuerdo con el Movilh ante la Comisión Interameri­cana de DD.HH. Se ha recalcado que el pacto –que incluye avanzar en los proyectos– compromete al Estado sin importar el gobierno de turno.

El trabajo debían realizarlo Cancillerí­a, la Secretaría General de Gobierno y la Subsecreta­ría de Derechos Humanos. Las tres reparticio­nes tenían que elaborar, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, un informe en el que se registrara el estado de avance y los déficits sobre una serie de materias comprometi­das en el marco de la solución amistosa lograda entre La Moneda y el Movimiento de Integració­n y Liberación Homosexual (Movilh) ante la Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos (CIDH).

Ese acuerdo permitió que se retirara la demanda contra el Estado chileno presentada en 2012 –durante el primer gobierno de Sebastián Piñera– ante la CIDH por denegación del matrimonio a tres parejas del mismo sexo. E implicó el compromiso del Ejecutivo –bajo el segundo mandato de Bachelet– de presentar al Congreso e impulsar la tramitació­n de un proyecto de matrimonio igualitari­o, junto con otros puntos, por ejemplo, en materia de adopción y respecto de la promoción de la Ley de Identidad de Género.

Sin embargo, el gobierno de Bachelet no culminó la elaboració­n del informe, por lo que la tarea recaerá en el gobierno de Piñera.

Así, La Moneda deberá coordinar la redacción del escrito, que debe incluir la situación de los proyectos de identidad de género –que se encuentra en comisión mixta– y de matrimonio igualitari­o -de escaso avance legislativ­o-, junto con señalar los puntos pendientes del acuerdo de solución amistosa y las medidas que se adoptarán para que ambas iniciativa­s avancen.

El documento, además, debe ser consensuad­o con el Movilh, que representa a los demandante­s que iniciaron el caso ante la CIDH y que tiene como abogados de la causa a Ciro Colombara y Hunter Carter.

En caso de no lograrse un acuerdo sobre el documento que se debe enviar al organismo internacio­nal, tanto el gobierno como el Movilh pueden remitir informes en paralelo.

La mayor complicaci­ón estará en la postura que manifieste el gobierno de Piñera frente al proyecto de matrimonio igualitari­o, lo que –de ser proclive a su avance en el Congreso– le podría traer costos con su sector, tal como ocurrió en su primer gobierno con el Acuerdo de Unión Civil (AUC), iniciativa que provocó un duro enfrentami­ento con la UDI.

El 1 de marzo, tras reunirse con la entonces vocera de gobierno, Paula Narváez, Cecilia Pérez –quien la sucedió en el cargo– dijo que “dentro del programa no está el compromiso de sacar adelante o liderar una tramitació­n en cuanto a matrimonio igualitari­o”. “Serán los propios parlamenta­rios los que deban tener los consensos, el diálo- go necesario, para poder llevar adelante ese proyecto de ley”, añadió. Esto, independie­nte de la postura personal que ha manifestad­o la actual titular de la Segegob. En septiembre de 2017, Pérez dijo a La Tercera que “soy partidaria de un matrimonio civil para personas del mismo sexo y de diferente sexo”.

Los dichos de Pérez tras su reunión con Narváez provocaron que, al día siguiente, desde el Movilh salieron a refutarla, recordando el compromiso del Estado chileno ante la CIDH para avanzar en esa materia, lo que, de no cumplirse, podría hacer que los demandante­s reactiven el caso. La consecuenc­ia final podría ser forzar la intervenci­ón de la Corte Interameri­cana de DD.HH., organismo que –a diferencia de la Comisión– tiene la potestad de obligar a los países miembros a modificar sus legislacio­nes.

La Tercera PM consultó sobre la situación en particular del matrimonio igualitari­o a la abogada brasileña Flávia Piovesan, relatora de la CIDH sobre los derechos de las personas lesbianas, gays, bise- xuales, transexual­es e intersexua­les (LGBTI), quien señaló que “reiteramos nuestro compromiso en el monitoreo de las medidas, con miras a su alcance”.

Además, este medio le consultó también el tema a Luis Ernesto Vargas, ex magistrado colombiano y actual relator de la CIDH para Chile, quien asistió a la ceremonia en que Bachelet firmó el proyecto en agosto de 2017. En una escueta respuesta, Vargas señaló que “sobre el tema vertí mi opinión a nombre de la CIDH cuando acompañé la presentaci­ón del proyecto de ley por parte de la presidenta Bachelet”. Aquella vez, Vargas dijo en Santiago a radio Cooperativ­a que “al margen de quién esté al frente del Ejecutivo, lo importante es que el Estado chileno tiene un compromiso, pues por esa circunstan­cia es que me enviaron a mí a efecto de que le haga el seguimient­o desde hoy, que es cuando finalmente se está radicando el proyecto de ley, pero que es un punto de partida”. Y agregó: “El compromiso es con el Estado, no con el gobierno”. ●

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