Fiscalía pide 21 años de prisión para el ex senador Orpis
Por delitos tributarios, cohecho y fraude al Fisco.
A primera hora de ayer, el fiscal regional del Biobío, Julio Contardo Escobar, junto a la jefa de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, presentaron ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago la acusación en que se solicita la más alta pena que se ha pedido en un caso de corrupción en el actual sistema: 21 años de presidio efectivo para el ex senador UDI Jaime Orpis.
La solicitud -según reveló ayer La Tercera PM- se da en el marco del único juicio oral que se realizaría en los denominados casos de financiamiento ilegal de la política.
En particular, la causa de Orpis está dentro del caso Corpesca, que se inició hace tres años, luego de que un asesor de la ex diputada Marta Isasi confesara haber emitido boletas falsas a la pesquera del grupo Angelini.
El escrito, de más de 900 páginas, ya está en el tribunal y es el puntapié inicial para que se agende la preparación de un juicio oral.
La pena solicitada para el desaforado parlamentario -quien ejerció como diputado y senador entre 1990 y 2016- se desagrega en los tres delitos por los cuales los fiscales Contardo y Chong enjuiciarán al ex parlamentario. Por el cohecho se solicitaron seis años de cárcel; por delitos tributarios reiterados, tres años y un día, y por fraude al Fisco reiterado, 12 años de cárcel. En total, la condena solicitada suma 21 años de presidio efectivo.
Orpis fue desaforado por la Corte Suprema el 29 de abril de 2016, tras lo cual el Ministerio Público lo formalizó por cohecho, delitos tributarios y fraude al Fisco.
La imputación de la fiscalía se basa en que la investigación arrojó que en los años 2009, 2010 y 2013, el senador estando en ejercicio en el Congreso -según expuso ante tribunales el ente persecutor penal- solicitó al entonces gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, un beneficio económico: la entrega regular de distintas sumas de dinero.
El pretexto, según la fiscalía expuso en audiencias, habría sido obtener financiamiento para su campaña electoral de senador por la UDI y pagar deudas derivadas de la misma campaña.
A cambio, acusa la fiscalía, Orpis comprometió favorecer en sus labores como senador los intereses de la referida empresa -de propiedad del grupo Angelini, usando actos propios de su cargo para influir en la tramitación de la Ley de Pesca.
Esos aportes, que en total suman más de $ 233 millones (en promedio con pagos mensuales de $ 4 millones 500 mil) fueron solicitados y otorgados al margen del régimen legal de financiamiento de campañas políticas previsto en la ley.
Contardo y Chong anunciaron que presentarán 228 testigos y 1.100 documentos para acreditar estos hechos, además de los fraudes reiterados al Fisco, que se le atribuyen por “asesorías parlamentarias” que contrató y que luego llegaron de vuelta a su bolsillo, una arista descubierta en el marco de la investigación.
Como penas accesorias, la fiscalía pidió que se inhabilite de por vida a Orpis a ejercer cargos públicos.
7 años para Marta Isasi
Para la ex diputada UDI Marta Isasi se pidió siete años de cárcel por cohecho y delitos tributarios -cuatro por el primer delito y tres años y un día por la infracción ante el SII-, mientras que para el ex ejecutivo de Corpesca se solicitó la misma condena -siete años de cárcel-, acusado de sobornar a un parlamentario y por delitos tributarios asociados a la petición de boletas falsas e incorporación a la contabilidad de esos documentos fraudulentos.
Como se trató de un caso que involucró el soborno por parte de un gerente, la investigación también apunta a Corpesca, contra quien se solicita -por responsabilidad de la persona jurídicauna pena de 20.000 UTM ($ 946.620.000, como multa fiscal), cinco años de prohibición de celebrar actos con el Estado y la pena accesoria de publicar en un diario de circulación nacional la sentencia contra la empresa de ser hallada culpable en juicio.
Para Carolina Gacitúa, ex asesora del parlamentario, que emitió boletas por servicios inexistentes, se pidieron ocho años de presidio efectivo. Para la arquitecta Lorena Lara, quien aparecía recibiendo asignaciones de Orpis sin haber trabajado para el Congreso, la fiscalía pidió tres años y un día por fraude al Fisco, y tres años y un día por delitos tributarios, ambos ilícitos en carácter de reiterados. Y para Georgio Carrillo y Raúl Lobos, otrora asesores, se pidieron condenas de 541 días y tres años y un día, respectivamente.
Ahora, el tribunal deberá preparar el juicio, que se vislumbra como histórico, pues será la primera vez que un político chileno en el actual sistema penal arriesgue efectivamente una condena tras las rejas. ●