Después del “Huracán”
El “caso Huracán” denota que actuaciones de unos pocos pusieron en riesgo la credibilidad de la institución más valorada por la ciudadanía y que la esperada “verdad judicial” ciertamente no exime de la responsabilidad de mando. No obstante, la investigación en curso debe determinar las responsabilidades individuales en los graves hechos que hemos conocido. En democracia, las policías se subordinan al poder civil. En los ámbitos administrativos y financieros responden al gobierno y en la justicia criminal son auxiliares del Ministerio Público (MP). La evolución del caso “Huracán” ha relevado la necesidad de reforzar el control de la autoridad política sobre las policías, aunque manteniendo su independencia operativa. El gobierno entrante ha dado positivas señales para contribuir a superar la crisis. Destaca la intención de enfatizar las auditorías financieras y de operación. Por otra parte, el nuevo general director de Carabineros entregó una señal elocuente al anunciar una auditoría a cargo de una empresa externa. Es de esperar que abarquen no solo la estructura central institucional, sino que puedan expandirse a zonas que han permanecido en la nebulosa, tales como Mutuales, Dipreca, Clubes, Fundaciones y otras. Por su parte, la Cámara aprobó una Comisión Investigadora. Es otro signo positivo, aunque tiene la limitación que las materias propias de una investigación penal son, por ley, secretas para terceros.
La actual encrucijada ofrece una oportunidad para modernizar, focalizar y aprovechar las diferentes capacidades desarrolladas en prevención y orden público por parte de Carabineros y en investigación criminal por parte de la PDI. Existe en la policía uniformada una capacidad técnica valiosa, que no debe obliterarse -como en el SEB, GOPE, OS9, OS7 o Labocar. No sería razonable eliminar de plano toda labor investigativa en Carabineros, pero sí redirigir sus afanes a una labor mayormente preventiva. En este sentido, estimamos necesaria una evaluación de sus resultados, que debiera recoger la opinión de especialistas y académicos, amén de la propia autoridad.
Asimismo, es crucial avanzar hacia nuevas formas de medir el impacto de actuaciones conjuntas entre fiscalía y policías, y no en forma separada, como hasta ahora. Una investigación no es exitosa cuando sólo se detiene a alguien, el éxito combinado llega al condenar un culpable ante un tribunal o desestimar su participación, si fuere inocente.
Otros temas que atender son la formación y capacitación de policías, fiscales y jueces. En forma adicional a las academias existentes, un programa conjunto contribuiría enormemente a mejorar aspectos sensibles del sistema de justicia y daría lugar a espacios que inducen a una coordinación, sin amagar la autonomía y facultades de cada parte. Por ejemplo, en materia de primeras diligencias en delitos frecuentes, análisis de jurisprudencia, valoración de prueba, análisis criminal y fenómenos emergentes, entre otros. En suma, existen diversos desafíos para transformar la crisis en una oportunidad. “Huracán” denota la pugna no resuelta entre labores de inteligencia y las “pruebas” recabadas bajo ese marco legal, en que no interviene el MP, y su eventual valor en un proceso penal contradictorio y con control jurisdiccional. Finalmente, insistimos, como lo hemos hecho hace años, que resulta impostergable la dictación de un nuevo Código Penal, con sanciones más duras a los fraudes y la corrupción, más que solo a delitos tradicionales.