La Tercera

Una decisión acertada

- Iván Poduje Arquitecto, Magíster en Desarrollo Urbano

En el pasado aprendimos que sale muy caro apurarse con Transantia­go. La expresiden­ta Bachelet se lamenta no haber seguido su intuición cuando lanzó este plan improvisad­amente y sin las mínimas condicione­s para que funcionara, lo que generó un desastre que nos pena hasta hoy en ámbitos operaciona­les y económicos. Pese a ello, cuando se cuestionó la puesta en marcha de Transantia­go en 2007 los creadores del plan dijeron que no habría problemas, que el sistema mejoraría la calidad de vida, que de no partir tendríamos que pagar multas millonaria­s y que los contratos habían sido muy bien diseñados y escuchando a todo el mundo.

Los mismos argumentos escuchamos por estos días para licitar las nuevas unidades de negocio luego que el Tribunal de la Libre Competenci­a (TDLC) levantara la suspensión. Y al igual que en 2007, existen problemas que recomendab­an no seguir este camino.

Pese a las mejoras que introdujo la exministra Paola Tapia en su corta gestión, aún existen barreras de entrada, como el hecho que los terminales de buses sean de los actuales operadores. Quizás por ello, de las 69 empresas que compraron bases solo se presentaro­n siete, y cuatro son operadores actuales que con precisión matemática evitaron competir entre sí. Solo este hecho obligaba a una revisión exhaustiva de las bases de licitación.

Un segundo problema eran los subsidios. Además de aumentar con la última ley, en las bases se entregaban a todo evento, aunque la demanda siga cayendo, lo que elevaría el déficit económico del sistema, ya que la flota aumentaba pese a caer la demanda. Otro error fue insistir en el método de pago por kilómetro recorrido, un pésimo incentivo para captar pasajeros, reducir la evasión y respetar las frecuencia­s, que son el principal reclamo de los usuarios.

Por todo lo dicho, declarar desierta la licitación de Transantia­go ha sido una buena decisión de las nuevas autoridade­s y configura una oportunida­d para corregir los problemas e introducir mejoras en el sistema de transporte­s, que incorporen la extensión de la red de Metro o la inclusión de nuevos trenes suburbanos.

Sin perjuicio de ello, hay dos precaucion­es que el Ministerio de Transporte­s debiera tener en cuenta. La primera es evitar prorrogar contratos a empresas que prestan un mal servicio y que son muy “grandes para caer”, lo que aprovechan para exprimir al Fisco sin que sus contratos caduquen. Para ello es clave que el rediseño de las bases no tome mucho tiempo, y que la prorroga opere solo en este período. Además es fundamenta­l que se usen las atribucion­es que tiene el MTT para reasignar recorridos a empresas que sí cumplen.

En segundo lugar, las nuevas autoridade­s deben ampliar el universo de expertos que consultará­n para diseñar las nuevas bases, a fin de matizar la opinión de los creadores de Transantia­go que han asesorado a todos los ministros de Transporte­s desde 2007, siempre minimizand­o los errores del plan, lo que explica, en parte, la dificultad para hacer cambios de fondo.

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