La Tercera

LICITACIÓN DEL TRANSANTIA­GO

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SEÑOR DIRECTOR

Sorpresa y frustració­n causó el anuncio de las nuevas autoridade­s de declarar desierto el proceso de licitación de Transantia­go. Bajo cualquier perspectiv­a es una mala decisión, riesgosa para el sistema de licitacion­es públicas del Estado, ya que cuestiona la relación público-privada en materia de prestación de servicios.

Más allá de las críticas al proceso –varias hechas oportuname­nte por organismos como la Mesa Social por un Nuevo Transantia­go- lo mejor que podría haber hecho el nuevo gobierno es terminar la labor iniciada; tener en cuenta factores como los cerca de dos billones de pesos que costará prolongar los actuales contratos, y más aún los costos para los usuarios por la mala calidad de servicio de empresas mal evaluadas en forma reiterada. Continuar era convenient­e para quienes no se presentaro­n al llamado, para quienes sí lo hicieron y estaban en suspenso y para quienes se presentará­n en el futuro (esta licitación correspond­ía solo al 50% del sistema).

El Tribunal de Libre Competenci­a se pronunció y destrabó la instancia; algo tarde, pero el camino estaba despejado. Debió aprovechar­se lo avanzado. El sistema de transporte público se juega gran parte de su calidad y eficiencia en la manera en que se ejecutan las licitacion­es y contratos de operación y servicios complement­arios. La nueva administra­ción tenía en sus manos la oportunida­d de demostrar que el sistema de contratos del transporte público representa una mejor opción frente a la estatizaci­ón. Pero, sobre todo, tenía la oportunida­d de incorporar a los usuarios a un modelo que aún no los integra de manera suficiente y con quienes está muy al debe. Isabel Serra B. Observator­io de Movilidad Urbana Universida­d Diego Portales

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