Juzgar o ajusticiar
LA DESIGNACIÓN DE UN FISCAL REGIONAL ES DE SUMA IMPORTANCIA. EL COMPORTAMIENTO FRÍVOLO, A MEDIO CAMINO ENTRE EL POPULISMO JURÍDICO Y EL POLÍTICO, SOLO CONDUCE AL LINCHAMIENTO.
La designación de un fiscal regional provocó un interés que da cuenta de la importancia del Ministerio Público en nuestra sociedad. El cambio de un proceso penal inquisitivo a uno acusatorio ha traído valiosos avances, porque garantiza mucho mejor los derechos de las personas frente al poder punitivo del Estado. Pero también se han producido transformaciones en la cultura de los actores del proceso que no van siempre en la dirección correcta.
El procedimiento acusatorio, que conduce a un juicio oral y público, coloca a los fiscales en una suerte de doble condición: son funcionarios investidos de una potestad constitucional, que dirigen la investigación y son parte en un litigio. En cuanto funcionarios están obligados por el principio de objetividad; en cuanto parte, buscan vencer la defensa del imputado o acusado. El punto es que, a diferencia de la actitud discreta y sobria que caracterizó siempre a los jueces investigadores, muchos fiscales se han convertido en actores centrales del debate público, a veces criticando la legislación vigente o a otras autoridades en el ejercicio de sus competencias.
También es una opinión extendida en el foro penal que muchas veces filtran de manera parcial antecedentes de las investigaciones –es justo reconocer que esto no ocurre solo en Chile- con el objetivo de generar un clima de opinión pública adverso al imputado y, de esta manera, lograr una posición más ventajosa en la negociaciones del procedimiento que son propias del sistema.
Un conocido exfiscal, que acaba de abandonar el Ministerio Público, en su momento se transformó en un activo usuario de las redes sociales, con un discurso planteado en el eje poderosos versus débiles y cual tribuno de la plebe romano, se erigía en juez del orden social. Lo grave es que lo hacía a propósito de causas concretas, al punto de criticar las decisiones procesales de sus propios superiores jerárquicos.
Cuando esto ha ocurrido, ha provocado al menos dos efectos perniciosos: una inflación de expectativas sociales de sanción completamente imposibles de cumplir, por cuanto poco o nada se ajustan a la gravedad jurídica de las conductas atribuidas; de hecho, el fiscal aludido renunció antes de hacerse cargo en tribunales de las desmesuradas expectativas que había creado; y, en segundo término, un verdadero “juicio popular” a los imputados, realizado en los medios de comunicación o las redes sociales.
Por esto es que la designación de un fiscal regional es tema de primera importancia, porque el ejercicio acucioso y apegado a derecho de sus potestades es fundamental para una sociedad segura y una democracia sana. Al revés, el comportamiento frívolo, a medio camino entre el populismo jurídico y el político, solo conduce al linchamiento, que debilita la justicia y el orden democrático.