REBAJA DE LA DIETA PARLAMENTARIA

SEÑOR DIRECTOR

Se cumplió un año más sin que vea la luz la rebaja a la dieta parlamentaria. Esta iniciativa promovida por Gabriel Boric y Giorgio Jackson busca acortar la brecha entre el salario de los funcionarios públicos de mayor rango y el sueldo mínimo. Para oponerse a este proyecto de Ley se han esgrimido, entre otros argumentos, que el servicio público debe ofrecer condiciones “atractivas” para atraer profesionales de primer nivel. Sin embargo, asumir que un sueldo de casi 6 millones de pesos (sin asignaciones) deja de ser atractivo resulta insultante. No olvidemos que, además, los parlamentarios ni siquiera están obligados a tener dedicación exclusiva y muchos mantienen participación en diversos negocios.

En un país en el que los salarios del 70% de la población están bajo los 500 mil pesos (Fundación Sol), no parece que fijar a nuestros congresistas un ingreso líquido cercano a los 4,5 millones sea algo carente de sentido.

Aprobar esta iniciativa podría, en parte, corregir una escalada que habla por sí sola: en 2002 la dieta parlamentaria bordeaba los 2,5 millones, por lo que hasta hoy se ha más que triplicado, en tanto el sueldo mínimo, en el mismo período, creció en torno a 165 mil pesos. Con ello, la brecha entre ambas referencias aumentó al doble, y hoy la dieta de un parlamentario es más de 3.000% de lo que reciben los trabajadores más modestos del país.

Sin dudas, rebajar la dieta apunta en la dirección correcta para combatir la desigualdad. Más aún porque se plantea en un esquema “referencial” que funciona en varios países de la Ocde con los que nos comparamos, y que seguiríamos mirando de lejos incluso si prospera esta idea.

Ignacio Torrealba Arregui