NUEVO DEBATE POR OBJECIÓN DE CONCIENCIA

Es el Estado el que debe garantizar el cumplimiento de la ley y ello no puede hacerse restringiendo la libertad personal de quien se declara objetor.

7

Se han conocido los primeros datos de personal médico que se declaró objetor de conciencia ante casos de aborto en recintos públicos y privados del país. Ante la existencia de lugares donde no hay médicos dispuestos a terminar embarazos en alguna de las tres causales establecidas en la ley, hay quienes han querido reestudiar la objeción de conciencia por las dificultades que genera su implementación. Cabe recordar que en el caso del personal médico quedó establecida durante la discusión en el Congreso –a la que se agregó la objeción de conciencia por parte de las instituciones tras el fallo del Tribunal Constitucional- por lo que no se debiera cuestionar dicha figura, sino que debe ser el Estado el que tome las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley.

La actual legislación establece que en situaciones donde no exista personal disponible, la paciente deberá ser derivada a otro recinto donde pueda realizarse el aborto. Sin embargo, en varias comunas la totalidad de los médicos se declaró como objetor lo que dificulta la implementación de la ley. Según se ha hecho público ese es el caso de comunas como Huasco, San Fernando, Panguipulli, Osorno y Puerto Natales, entre otras. Por ende no deben descartarse medidas excepcionales como, por ejemplo, contratar prioritariamente personal médico que se declare “no objetor” con el fin dar la certeza que habrá personal médico calificado para realizar dichos procedimientos, especialmente en zonas aisladas.

Este camino -y no restringir la posibilidad de objetares el más razonable para lograr conciliar la libertad personal con la legislación vigente en nuestro país. De este modo, se respetan las creencias de quienes, ya sea cómo médicos o como dueños de un recinto de salud, consideran que el aborto no es aceptable y, al mismo tiempo, se resguarda el derecho de quienes decidan terminar el embarazo de acuerdo a las tres causales que permite la ley.

El caso del aborto es uno pero no el único donde, en ocasiones, la labor profesional entra en colisión con convicciones personales. Por ejemplo, la mayor visibilidad y empoderamiento de la comunidad LGBT ha generado casos como el que actualmente se discute en la Corte Suprema de EE.UU. en donde una pareja homosexual reclama haber sido discriminada por un pastelero que se negó a realizar una torta para celebrar su compromiso. El demandado, sin embargo, cuestiona que esté obligado a prestar un servicio que no quiere realizar, basándose en que va en contra de sus principios religiosos. El caso, cuya sentencia se espera para mediados de año, ha sido ampliamente difundido en los medios de ese país, abriendo un debate respecto de cuáles son los límites entre la libertad personal y conductas que son consideradas discriminatorias.

Mientras se respete la legalidad vigente y no se caiga en discriminaciones arbitrarias, las personas y las empresas deben ser libres para decidir qué bienes y servicios desean ofrecer. En ese sentido, el sistema de libre mercado posibilita que los oferentes puedan enfocarse en áreas que, siendo coherentes con sus convicciones, resulten económicamente atractivas y, por otro lado, que los distintos tipos de clientes encuentren oferentes para sus necesidades.