“La gratuidad resolvió el acceso, pero sigue pendiente quién formará a las élites”
Para el abogado es clave poner atención en qué tipo de instituciones se educarán los sectores más influyentes del país y “si ellos estarán expuestos a un ambiente plural o a uno endogámico”.
¿Qué impacto económico tendrá el límite de cobro para alumnos de los deciles 7,8 y 9?
La U. Diego Portales cuenta, para el ejercicio correspondiente al año 2017, con excedentes. No tenemos actualmente déficit de ninguna índole. Ello ocurre porque los costes de la gratuidad correspondientes a los seis primeros deciles, la UDP ya los internalizó. Ahora bien, la entrada en vigencia de la ley que establece el estatuto definitivo, supone una disminución nominal de ingresos cercana a los $ 4.000 millones. Pero se trata de una disminución solo nominal, puesto que a ella hay que descontar las becas que la UDP actualmente distribuye y que bajo ese régimen ya no asignaría. El resultado es que la universidad verá disminuidos sus ingresos (que hoy ascienden a casi $ 70.000 millones anuales) en aproximadamente $ 2.000 millones.
¿Qué solución visualizan?
Hay dos soluciones obvias aplicables, desde luego, a todo el sistema. Una es que los aranceles regulados tiendan a igualarse con los aranceles reales existentes hacia el año 2015 reajustados. Es verdad que las transferencias por gratuidad no pueden equivaler, sin más, a los aranceles que cada universidad decida fijar. Algo así alentaría la conducta oportunista e inflaría los aranceles cargando más allá de lo razonable la caja fiscal. Pero si se igualan al momento anterior a la gratuidad (cuando el oportunismo no era posible) se evitaría la inflación de aranceles y al mismo tiempo la disminución de ingresos que podría afectar en el largo plazo al sistema. La otra consiste en incrementar poco a poco el aporte compensatorio que ya prevé la ley de presupuesto y que deberá, sin duda, renovarse año tras año.
¿Cree que la ley de educación superior debería ser corregida?
La oportunidad de equilibrar el sistema corrigiendo sus defectos más notorios, está disponible sin necesidad de modificar esta ley. Los caminos son cuatro me parece a mí: el primero consiste en contar, como expliqué recién, con aranceles cercanos a los reales existentes ex ante la gratuidad controlados por el nivel de actividad de las universidades; el segundo es contar con una ley de crédito con aval del Estado que sea razonable y no acabe estableciendo diferencias entre las universidades que adscriben a la gratuidad y aquellas que prefieran estar al margen. Como usted comprende, si el crédito financia cualquier arancel o permite el copago sin límites a las universidades privadas que se financien con él, muchas de ellas tendrán incentivos para eludir la gratuidad y preferir el crédito; el tercero consiste en mantener los aportes anuales en la ley de presupuesto a las universidades que no teniendo aporte fiscal directo, adhieren a la gratuidad; el cuarto, es contar con fondos concursables de investigación abiertos a todas las universidades.
¿Cuáles son los problemas que enfrentan hoy?
Uno es el de la segregación, el otro el del financiamiento que sigue incompleto.
¿A qué se refiere con la segregación?
Se trata del peligro de que, por defectos en el diseño de la política, se consolide un sector de universidades privadas, financiadas con aranceles pagados por las familias directamente, que poco a poco reúnan y agrupen a los más altos deciles que concentran el capital social y económico. Algo así casi imitaría al sistema escolar donde, junto a un gran sector con financiamiento o subsidio público, existe otro que agrupa y aísla a los de más altos ingresos. El problema del sistema universitario no es solo el acceso, sino sobre todo qué institución hegemonizará por decirlo así el sistema, quién formará a las élites profesionales e intelectuales del país. La gratuidad resolvió el tema del acceso y está muy bien, pero sigue pendiente qué institución guiará el sistema y formará las élites profesionales e intelectuales y si ellas estarán expuestas a un ambiente plural o a uno endogámico. Este problema no ha sido bien abordado en Chile. Es, me atrevería a decir, el gran problema que sigue pendiente. Y temo que la gratuidad si se administra mal ahonde ese problema en vez de contribuir a resolverlo.
¿Y el financiamiento?
La gratuidad plantea el problema de cómo se financiarán los deciles superiores, el 7, 8 y 9. Un sistema de crédito dispone que deben financiarse con cargo a rentas futuras; pero ello plantea un problema que ya mencioné pero vale la pena insistir en él. Ocurre que el crédito no puede diseñarse en condiciones más favorables que la gratuidad. Si la gratuidad permite que la universidad cobre al estudiante, digamos del 7 decil, un 40% más del arancel regulado como máximo, las universidades que empleen el crédito deberían tener el mismo límite. Así las universidades que se financien con créditos no podrían cobrar más que aquellas que se financian con gratuidad. De otra forma las universidades privadas tendrían incentivos para usar el crédito y no la gratuidad. Por supuesto es posible adoptar una decisión como esa; pero no parece correcta. Ahora bien, si usted iguala las restricciones del crédito a las de la gratuidad para los deciles más altos –de manera que el alumno del 7 decil tenga las mismas condiciones si va a una universidad que adhiera a la gratuidad que a una que no— debe aceptar que haya universidades que se financien sin ningún tipo de subsidio (no gratuidad, ni crédito) y solo con la renta actual de las familias. Como ve, el problema no es sencillo.
¿Ve en el ministro Gerardo Varela la conciencia de esos problemas?
Debe tener conciencia, sin duda; aunque hasta ahora se ha esmerado en hacernos creer que tiene más humor que ideas. ●