Uso de la subvención escolar preferencial
El inconveniente sesgo con que se fiscalizó el uso de estos recursos debe dar paso a un nuevo enfoque, que dé mayores certezas a los sostenedores.
Recientemente se ha informado que más de $ 280 mil millones -correspondientes a un 28% de los recursos entregados- por concepto de Subvención Escolar Preferencial (SEP) no fueron gastados por los establecimientos educacionales. Esta situación no es aislada, y según consignó este medio, entre los años 2014 y 2016 se dejaron de gastar $ 862 mil millones de este ítem. De acuerdo con el diagnóstico de las autoridades, una de las razones por las cuales no se estarían utilizando integralmente estos recursos tiene que ver con las elevadas restricciones y rigideces que establece la ley y sus reglamentos.
Asimismo, el rumbo que fue tomando la fiscalización que llevó a cabo la Superintendencia de Educación Escolar en los últimos años ha sido de mayor celo y desconfianza hacia los sostenedores educacionales, lo que ha derivado en una falta de certeza respecto a sus criterios, coartando las decisiones respecto al destino de los recursos de la SEP, aun cuando se trate de acciones que buscan el mejoramiento educativo.
La ley 20.248 que dio origen a la SEP se promulgó el año 2008, años antes de que naciera la institucionalidad de Aseguramiento de la Calidad que delegó en la Superintendencia la responsabilidad de fiscalizar lo relativo al uso de los recursos por parte de los establecimientos escolares. Ello explica que en ese momento se contemplara una regulación más activa sobre el uso de los recursos, que sin embargo hoy, con la nueva Superintendencia, no es claro que se justifique. Más aún si se considera que la Ley 20.845 promulgada en 2016 introdujo nuevamente más controles no solo en relación con los recursos de la SEP, sino que para el resto de las subvenciones que reciben los establecimientos educacionales.
De igual forma, la ley SEP estableció que a aquellos colegios que obtuvieran un buen desempeño –y por ello fuesen clasificados en la categoría de “Autónomos”-, se les otorgaría mayor autonomía para administrar su Plan de Mejoramiento Educativo y los gastos relativos a éste. Sin embargo, no es claro que al momento de aplicar la ley, ello haya ocurrido en la forma prevista.
Es una buena noticia que las nuevas autoridades de la Superintendencia al parecer están más conscientes de cómo una fiscalización excesivamente prohibitiva y la falta de claridad de sus criterios puede entorpecer el uso de los recursos, contraviniendo finalmente la intención inicial de la Ley SEP, que justamente fue mejorar la calidad de la educación, especialmente de aquellos alumnos cuya situación socioeconómica “dificulte sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo”.
Conciliar la correcta fiscalización con la necesaria autonomía para que los establecimientos educacionales puedan llevar a cabo las mejoras necesarias, parece un buen punto de partida. Pero en el mediano plazo, se debiera evaluar la pertinencia de dejar de requerir una rendición de cuentas distinta dependiendo del origen de los recursos de que se trate, ya sea la subvención regular o la SEP. Para conseguir avances en los resultados educativos de nuestro país, no es aceptable que el objetivo de detectar y sancionar el mal uso de los recursos termine imponiéndose y coartando a quienes buscan realmente su buena utilización.