“Los traspiés (del gobierno) han sido muy menores”

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El cuestionamiento de la Contraloría al uso de fondos públicos en el Programa de Aseguramiento de la Calidad de las Residencias (Ascar) del Sename -ejecutado entre agosto de 2013 y diciembre de 2016-, dio lugar a una investigación interna en el Ministerio de Justicia, cuyos antecedentes fueron entregados al Consejo de Defensa del Estado (CDE) por la eventual existencia de delitos en la contratación de honorarios por más de $ 3.145 millones, que se encontraba investigando el fiscal regional de Los Lagos como una arista en la causa por la muerte de menores al cuidado del Sename.

Esta situación -que fue denunciada en un reportaje de T13- se suma a los hechos escandalosos que se han conocido en relación con la deficiente protección de los menores más vulnerables del país. De allí que resulte especialmente grave si se comprueba que fondos destinados a evaluar y subsanar las deficiencias del sistema, se desviaron a contrataciones o gastos de otra índole. Y es una nueva evidencia de la urgencia por reformar el sistema con el apoyo transversal que en esta materia todos los sectores han comprometido.

Por otra parte, lo señalado por la presidenta del CDE en relación a que la consejera Javiera Blanco podría inhabilitarse (pues fue ministra de Justicia en la época que se indagan estos hechos), evidencia la compleja situación en que el gobierno anterior puso a esta entidad al insistir en su nombramiento, cuando investigaciones sobre el Sename ya estaban en curso, y en que la gestión de la exministra estaba claramente cuestionada.